Las cuentas pendientes del campo con su patrón

Vidal Maté
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El sector, además de exigir una actividad rentable, reivindica un proceso de clarificación de la representatividad agraria que el ministro Planas ya ha anunciado, pero que de momento no se concreta en hechos

Las cuentas pendientes del campo con su patrón

C oincidiendo con la celebración de la festividad de San Isidro, el Ministerio de Agricultura tiene sobre la mesa dos propuestas sobre las demandas del conjunto del sector agrario, ambas encaminadas a lograr a futuro una actividad agraria rentable y competitiva, con agricultores y ganaderos activos frente al riesgo de un campo bajo el dominio de grandes corporaciones.

De un lado se halla la propuesta planteada desde el propio Ministerio de Agricultura con sus 43 medidas de apoyo al sector elaboradas por el departamento tras sus reuniones con las organizaciones agrarias UPA y Unión de Uniones. Por otra parte, Atocha tiene también en sus manos la propuesta de medidas más concretas elaborada y presentada por las organizaciones agrarias ASAJA y COAG junto con Cooperativas Agro-alimentarias de España.

En relación con la actual coyuntura agraria y las relaciones del sector con la Administración cabe hacer una doble lectura, una referida exclusivamente al contenido de las reivindicaciones y otra sobre las formas para su negociación.

Desde la perspectiva de los contenidos, hay una coincidencia general sobre el análisis de la situación, los problemas del campo y las posibles salidas. Agricultura tiene previsto, para antes de final de mes, dar una primera respuesta global a todas las demandas del sector, al margen de quien las haya solicitado. El sector agrario coincide sobre la necesidad de una Política Agraria Común (PAC) mucho más flexible y simplificada, con menos burocracia, lo que no significa la no existencia de los controles necesarios para su aplicación correcta. Se demanda una PAC no sometida permanentemente a revisiones, sino otra que dé estabilidad a las estrategias y planificaciones de producción en cada explotación.

Desde el campo se mantienen las viejas demandas sobre el comercio exterior, mayores apoyos para la exportación y la búsqueda de mercados para evitar que en terceros países se apliquen distintas medidas encaminadas a frenar las entradas de productos comunitarios con argumentos ficticios relacionados con la calidad o el uso de productos fitosanitarios. En dirección opuesta, el campo demanda unas mayores barreras de protección ante la diferencia de costes existente entre los miembros comunitarios y terceros países.

En materia de empleo de productos fitosanitarios se reclama que no haya una doble vara de medir cuando cada año se repiten docenas de alertas sanitarias por la existencia en los alimentos de materias activas no autorizadas en territorio comunitario. No tiene ningún sentido, coinciden en medios agrarios, que fuera de la UE un agricultor o una gran corporación pueda lograr mayores producciones utilizando diferentes técnicas de laboreo, no autorizadas en la UE, y que los productos obtenidos tengan luego entrada libre en los mercados comunitarios ejerciendo una clara competencia desleal.

El campo insiste en la aplicación de la Ley de la Cadena para que los precios de venta respondan a los costes mínimos de producción y con ello mantener la viabilidad de las explotaciones. Se impone seguir avanzando en la política de los seguros agrarios y no dar pasos hacia atrás vía la reducción de subvenciones en la contratación de las pólizas o de los niveles de coberturas con una elevación de las franquicias que desalienta el aseguramiento. En la fiesta del patrón, desde el campo se ruega además por una fiscalidad adecuada que se ajuste a las condiciones más específicas y más volátiles de la actividad agraria. El sector reclama un apoyo mucho más decidido y específico para la actividad de la ganadería extensiva, tanto por la propia supervivencia de los ganaderos como por su papel en el sostenimiento del territorio y de la vida en ese medio rural, generalmente el más abandonado.

Todo ello para lograr un campo en el que se pueda hablar de un relevo generacional que es indispensable, pero solo posible si además hay una actividad rentable en un medio con los servicios básicos necesarios y accesibles.

El Ministerio.

Además de las demandas ligadas a los problemas de la actividad desde una perspectiva puramente económica, el sector sufre otras carencias relacionadas con la representatividad de cada sigla. En el fondo del problema se halla el hecho de que durante varias décadas no se haya llevado a cabo un proceso de elecciones a nivel estatal para clarificar esa situación. Pero el problema se encona más cuando, además de no avanzar en la clarificación de la representatividad, en Ministerio decide en solitario en Semana Santa quiénes eran los interlocutores para su propuesta de 43 medidas de apoyo para el campo con la reunión y el visto bueno de UPA y posteriormente con la cita en Atocha de Unión de Uniones, que acudía a esas mesas tras años de marginación. Planas, con sus iniciativas, en lugar de unir, hizo una apuesta importante para seguir con la división de siglas, aunque las mismas tengan los mismos problemas y reivindicaciones.

El actual mapa de la representatividad agraria ante el Ministerio de Agricultura se sigue rigiendo por los resultados de las elecciones a las Cámaras Agrarias de mayo de 1978, a las que han seguido otras elecciones con carácter autonómico, dándose el caso de haber existido en un territorio varios procesos electorales y ninguno en una región vecina. La nueva regulación de la representatividad de 2014 de Miguel Arias       -recogida por Isabel García Tejerina- no llegó a tener su desarrollo y siguieron las elecciones en algunas comunidades autónomas de cara al Consejo Agrario, eliminadas las Cámaras Agrarias. Hoy, el Ministerio de Agricultura vuelve a abogar por un proceso de representatividad por el que tampoco se contemplan elecciones a nivel estatal y sí la posibilidad de utilizar diferentes criterios para medir la representatividad como oficinas, afiliados o servicios propios de la organización -no de UGT en el caso de UPA o de la CEOE en el de ASAJA-.

Con los datos de 1978, COAG y ASAJA se repartían la representatividad al 40%, con menos del 20% para UPA. ASAJA mantiene su peso, UPA tuvo un ligero crecimiento y COAG perdió peso por la escisión de varias organizaciones territoriales que dieron lugar al nacimiento de Unión de Uniones. No han cuajado otros intentos de plataformas para ejercer la representatividad en el campo.