La sanidad pública riojana practicará por primera vez, y antes de que concluya la legislatura, intervenciones para facilitar la interrupción voluntaria del embarazo. Así lo afirmó ayer la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, que permitirá con su voto que el Gobierno de La Rioja saque adelante el último presupuesto de este periodo de mandato.  «Dentro del acuerdo político se contempla la práctica del aborto voluntario», recalcó la también vicepresidenta del Parlamento, que asegura que ya negocian con profesionales de la sanidad pública para la concreción de este anuncio, una cooperación que se antoja difícil porque la objeción de conciencia a la que han apelado siempre los sanitarios riojanos ha impedido la práctica de abortos. 

La diputa de IU, consciente de un hipotético rechazo general, ya avanzó que «si no se consigue que esas intervenciones se hagan desde la comunidad autónoma», existe «la certeza» de que se contratará a tiempo parcial a profesionales que en la sanidad pública riojana realicen estas  intervenciones que «tan necesarias son».

«Es, además, algo que impone una ley estatal;existe el compromiso y se va a hacer», insistió Moreno,  que recordó que la sanidad pública ya garantiza desde este ejercicio la «interrupción farmacológica». En concreto, recordó que la conocida como píldora del día después se facilita por primera vez tanto en el servicio de urgencias como  en el nuevo Centro de Atención a la Salud de la Mujer.

Respetar la objeción. Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos, Inmaculada Martínez Torres, en una escueta declaración a este periódico, afirmó que «el aborto de las riojanas ha estado garantizado hasta ahora [en comunidades autónomas vecinas], el hecho de que lo quieran incluir dentro del sistema público es una cuestión política sobre la que no vamos a realizar ninguna valoración, mientras se respete la objeción de conciencia de los sanitarios».

La doctora insistió en este argumento y añadió que la objeción de conciencia «es un derecho constitucional y fundamental que hay que respetar, y está respetado»; mientrasel deber de las administraciones es respetar y atender los derechos de todos sus ciudadanos.

«Como autoridad competente que son gestionarán como crean que tienen que hacerlo», afirma la presidenta del Colegio, que  recibe como «bienvenido» el aumento de partida en Primaria y salud mental.