El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha solicitado a la Comisión Europea que permita anticipar el pago a partir del 16 de octubre de hasta el 70% de las ayudas directas de la PAC y de hasta el 85% de las de Desarrollo Rural. Esta medida podría permitir un adelanto de las ayudas directas de alrededor de 3.350 millones de euros a los más de 670.000 agricultores y ganaderos que las han solicitado en la campaña de 2021. El anticipo de los pagos supondría así una importante inyección de liquidez a los agricultores y ganaderos en un año que ha seguido siendo complicado para todo el sector por la situación derivada de la pandemia. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas de la PAC para la temporada 2021 concluyó el pasado 31 de mayo (con plazo hasta el pasado martes para realizar modificaciones, así como cesiones de derecho o alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas).

Actualmente ya se han iniciado los procedimientos para llevar a cabo los necesarios controles administrativos y sobre el terreno que permitan asegurar que las ayudas llegan a los agricultores y ganaderos que cumplen todas las condiciones para su percepción. A solicitud de España, la Comisión Europea ya aprobó un reglamento que permitirá reducir las comprobaciones sobre el terreno que se realizan en cada régimen de ayuda, que pasan de manera general del 5% al 3% de los expedientes. Además, estos controles podrán hacerse sin necesidad de un contacto físico entre el agricultor y el controlador para respetar las recomendaciones sanitarias. Con estas medidas se conseguirá que no exista un retraso en los controles y que las ayudas de la PAC se paguen en los mismos plazos que todos los años.

En el enlace https://www.fega.es/es/noticias/node-54352 de la página web del FEGA puede consultarse la circular que detalla todas las medidas extraordinarias para el control de la PAC en este año 2021 y que además establece una serie de consideraciones respecto a la aplicación de la normativa ordinaria sobre gestión, control y pago de las ayudas en el contexto de la pandemia. Entre estas cuestiones se incluye la invocación del supuesto de fuerza mayor y circunstancias excepcionales en los casos en que dicha crisis haya supuesto que no se puedan cumplir todas las condiciones de elegibilidad establecidas para el cobro de determinadas ayudas.

Poniendo en práctica todas estas medidas relacionadas con la solicitud única, los controles de dichas solicitudes y el pago de los anticipos, el Gobierno busca que todos los agricultores y ganaderos de España puedan recibir sus ayudas de la PAC 2021 sin problemas y en las mismas fechas que en las campañas precedentes.

Protestas.

Mientras el Ministerio hacía esta petición a la Comisión, miles de agricultores se manifestaban en Lisboa a favor de una PAC que defienda el modelo social y profesional de agricultura y un medio rural vivo. Ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebraba en la capital lusa, el pasado lunes profesionales del campo del todo el continente, convocados por la CNA (Confederación Nacional de Agricultura) portuguesa y apoyados por la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), expresaban su descontento porque este modelo de producción «está siendo severamente penalizado por la PAC y por muchas malas decisiones políticas nacionales de los sucesivos gobiernos», denuncian desde COAG (que es miembro de la ECVC).

Según reclaman desde la organización agraria, la nueva PAC no puede seguir ignorando a los hombres y mujeres del campo y tiene que reconocer su importancia y promover todos los mecanismos para su desarrollo, así como la defensa de la soberanía alimentaria de los países. La proliferación de los grandes grupos económicos y fondos de inversión ha provocado la desaparición de millones de pequeñas y medianas explotaciones (solo entre 2013 y 2016 se perdieron dos millones de explotaciones familiares en la UE), provocando una concentración creciente de la producción agrícola. En la actualidad, el 52% de la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) en la UE está controlada por solo el 3% de los productores y las cinco mayores industrias agroalimentarias controlan el 52% de todo el mercado, resaltan desde COAG.

Para el periodo 2023-27 exigen una serie de medidas, como la recuperación de los instrumentos públicos de regulación del mercado y la producción; la imposición para las importaciones agroalimentarias hacia la Unión Europea de que cumplan las mismas normas que los agricultores europeos; un reparto equitativo de las ayudas, destinadas únicamente a quienes mantienen la actividad y la producción, con un límite máximo por explotación de 60.000 euros; o la lucha contra la especulación bursátil con el precio de los factores de producción (como los cereales para la alimentación animal) y una posición firme en la lucha contra el oligopolio comercial de la gran distribución.

Respecto a este último punto, solicitan medidas para frenar la entrada de fondos de inversión en la agricultura, ocupando producción y tierra. Se quejan de que la PAC ignora por completo las consecuencias nocivas del fenómeno de concentración de la producción en grandes grupos económicos y, por el contrario, aun las promueve; ignora la entrada de la gran distribución a la producción primaria al monopolizar, por ejemplo, todo el sector agrícola (una gran empresa puede controlar todo el circuito de la granja al plato); o la tendencia de los agricultores a ser meros proveedores de servicios de producción para grandes unidades, lo que acaba aplastando aún más a los agricultores pequeños y medianos.

Además, COAG sostiene que, a pesar del discurso que pinta de verde la PAC, el cambio en las normas ambientales tiende a apoyar, a los grandes perceptores, que incluso generan impactos negativos en el medio ambiente.