La batalla judicial del sector hostelero ante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España el 14 de marzo de 2020 y que se prolongó hasta el 21 de junio de ese mismo ejercicio, continúa vigente en varios despechos de abogados de España. Más de 1.200 demandas, 29 de ellas procedentes de establecimientos riojanos, mantienen abierta la lucha para recibir una indemnización ante un Estado de Alarma que supuso el confinamiento ciudadano y el cierre de todo negocio no considerado esencial. Unos meses después fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional con seis votos a favor por cinco en contra.

Ya a principios del pasado ejercicio 2021, comenzó a aflorar una auténtica oleada de demandas remitidas a la administración central y que en el caso de la Comunidad autónoma fueron canalizadas a través por la Asociación de Hostelería regional vinculada a la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y que actualmente centraliza la Confederación de Hostelería de España.

De esta forma, todos los demandantes persiguen el mismo objetivo de una indemnización por las pérdidas económicas generadas por el cese de actividad impuesto a través del Estado de Alarma. 

No se ha facilitado la cuantía económica que reclaman los bares y restaurantes demandantes de La Rioja, pero a nivel nacional, es decir, entre las más de 1.200 demandas al Estado, se estiman unas pérdidas de cientos de millones de euros. Y de momento, el proceso judicial parece sonreír a los empresarios. La macrodemanda fue admitida a trámite el pasado mes de septiembre en lo que supone un primer paso hacia un proceso del que no esperan resultados antes de 2024. De hecho, el tema está ya en manos de la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y a la espera de que dicte audiencia, tal y como confirman desde la Confederación de Hostelería de España.

Previamente, tal y como exige el procedimiento, los empresarios hosteleros registraron sus correspondientes reclamaciones económicas a las que el Estado no comunicó respuesta en el plazo estipulado de seis meses. 

Una decisión esperada por los gabinetes jurídicos y que supuso el pistoletazo de salida al proceso ahora activo en la sala tercera de lo Contencioso Administrativo.

Segundas restricciones. Pero no terminan ahí las consecuencias generadas por los diferentes cierres en hostelería a lo largo de la crisis sanitaria del covid-19. En octubre de 2021, el Alto Tribunal declaró igualmente inconstitucional el segundo Estado de Alarma, que también generó restricciones, y por tanto, pérdidas económicas en el sector hostelero, uno de los que más ha sufrido los azotes de las restricciones de aforo y horarios a lo largo de toda la pandemia. 

Dicho de otra forma, una vez se conozca la sentencia correspondiente a la actual macrodemanda, que se prolongará en el tiempo, prevén iniciar una segunda aunque en esta ocasión con el segundo Estado de Alarma en el punto de mira. Alguno de los despachos jurídicos que la gestionan ya ha anunciado su intención de continuar con las reclamaciones en el marco de una pandemia que promete extender, y mucho, sus consecuencias judiciales.