«Estamos todos como locos esperando que salga». Sheila Argaiz, secretaria de Asociaciones Agroalimentarias de la Federación de Empresas de La Rioja (FER) es muy gráfica al definir la situación que atraviesa el sector a la espera de la convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Agroalimentario, llamado a transformar un sector que supone el 20% del peso en el Producto Interior Bruto (PIB) regional,
Dos años más tarde de que fuera anunciado y diez meses después de que recibiera la aprobación del Consejo de Ministros, parece que será a finales de noviembre cuando se haga pública la convocatoria, para cuya resolución habrá que esperar alrededor de seis meses.
Numerosas voces han manifestado ya su preocupación por el retraso y complejidad de un proyecto que contempla una inversión de 1.800 millones para la transformación de la industria agroalimentaria. Al respecto, Argaiz relata que «ya a finales de mayo de esperaba como inminente y se ha retrasado;parece que saldrá ahora con plazo de presentación hasta finales de enero». A las quejas de la Asociación de Industrial Agroalimentarias de Castilla y León se sumó hace unos días Diego Galilea, director general de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, Aragón y La Rioja (Alinar), de la que, entre otras, forman parte Celorrio, Cidacos o Eurochamp, que entiende que su formulación está alejada de la realidad de las pymes y micropymes, a las que dificultades burocráticas entorpecerán el acceso.
«Iba a venir una lluvia de dinero para invertir, sobre todo en digitalización y transformación digital, y vemos que la burocracia, la dificultad de las empresas para comprender qué requiere la administración para el acceso a los proyectos y la complejidad de formar un consorcio con otras sociedades dificultan las cosas», argumenta la responsable de la FER.
Explica que las bases del proyecto ofertan subvenciones y préstamos a proyectos «con cierto volumen» que en principio se proponían de 40 millones, «aunque menos mal», se han reducido a 15 millones.
Las duras condiciones. Las bases reguladoras del Perte, publicadas a finales de julio,establecen las condiciones que han de cumplir los proyectos, «que deben tener un carácter de I+D, innovación», pero, a excepción de medio ambiente, dejan de lado las inversiones en activos.
Argaiz señala, además, que es necesario acometer las inversiones una vez que esté publicada la convocatoria y «como se ha dilatado tanto en el tiempo, hay empresas que tenían que invertir y ya lo han hecho sin contar con el Perte».
La representante de la FER, quien entiende que «no va a llegar a demasiadas empresas», recuerda que no solo se exige la participación en cada proyecto de seis organizaciones como máximo, sino que necesariamente una debe ser gran compañía y cuatro de ellas pymes, de mínimo dos comunidades autónomas. Como condición imprescindible, se plantea que todos los miembros serán beneficiarios y también solidariamente responsables. «¿Cómo va a poder una pyme poder responder si la gran empresa de su consorcio no puede ejecutar lo que le corresponde?»; se pregunta la Argaiz, quien añade que las cuantías «ni están llegando a la economía real y faltan transparencia y datos».
Añade que hay algunas convocatorias que llegan de forma «muy atomizadas» o con plazos muy cortos para presenta proyectos y como «las cosas no están fluyendo» porque, además es ciertamente complejo participar, hay muchas empresas que han perdido la paciencia y han renunciado.