Si, como se espera, el Gobierno lanza a finales de este mes [así lo adelantó hace unos días Justo Jorge Pagán, consejero técnico en el Ministerio de Industria] la convocatoria del Perte Agroalimentario, habrán pasado casi dos años desde que se presentara el proyecto del que han sido germen dos de las compañías más importantes del sector agroalimentario en La Rioja, Grupo Palacios y Cidacos.

Era el 20 de enero de 2021 cuando entró en el Ministerio de Industria la propuesta para el proyecto Ebro Food Valley, coordinada por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA)  de San Adrián [donde trabajaba, por cierto, Eva Hita, consejera de Agricultura de La Rioja], que se ha convertido después, tras sumar empresas de todo el país, en Spain Food Valley.

Este proyecto, que comenzó a trazarse en el verano de 2020, es uno por los que apuesta el Gobierno de Navarra y llegó a aglutinar unas 60 empresas, que se han quedado reducidas a medio centenar porque la dilación de los plazos ha  llevado a algunas compañías a acometer inversiones necesarias al margen del Perte.

No parece que Spain Food Valley vaya a tener problemas en recibir el visto bueno ministerial, posición que se ha visto reforzada después de que a finales de septiembre Caixabank -donde se integra la antigua Caja Rioja- «mostrara su adhesión» al proyecto. Hay otras empresas riojanas interesadas en el Perte, pero prefieren mantenerse alejadas del foco mediático a la espera de que se confirme su participación.

Quien sí se ha movido es Bodegas Muga, que concurrirá en el proyecto La Digitalizadora Agraria, promovido desde la Comunidad valenciana y en que también figuran Bodegas Matarromera o González Byas, Telefónica o la Politécnica de Valencia. 

Hay otro proyecto, también con empresas y asociaciones de la comunidad levantina, donde tiene presencia La Rioja. Es el recién presentado Ecofood23, donde toman parte más de un centenar participantes de 12 comunidades, entre ellos Auxiliar Conservera,  con planta en El Sequero.