Con más de 3.000 trabajadores de 225 empresas, un volumen de negocio que ronda los 400 millones y una importante posición en el ránking exportador riojano -fue en agosto el cuarto producto en facturación fuera de nuestras fronteras, con cerca de 13,4 millones y una subida interanual del 26,4%-, el calzado, uno de los sectores más importantes en el tejido productivo riojano, se aboca a una huelga.
Las diferencias entre la patronal y los sindicatos para acordar los términos del nuevo convenio del sector en el ámbito nacional, que es el que ampara a los trabajadores riojanos, amenazan con desembocar en un paro, que se ha convocado para el 1 de diciembre.
De momento, los representantes sindicales han aumentado la presión sobre la patronal e iniciaron ayer una caravana de concentraciones que arrancaron en el Centro Tecnológico del Calzado (CTCR), Fal y Fluchos, y que tendrá continuidad el miércoles -Roal, Hergar y Arneplant-;y el martes de la semana próxima, en Gaimo, Pitillos y Robusta. El hito fundamental de las movilizaciones se producirá el jueves, con una manifestación en Arnedo, que los convocantes, UGT y Comisiones Obreras, esperan multitudinaria. Sin perjuicio del calendario de protestas previsto, la patronal y los sindicatos retoman mañana en Madrid las conversaciones para intentar acercar posiciones para lo que contarán con la participación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), organismo de arbitraje que instará a las partes a limar discrepancias.
Diego Belón, representante de CCOO, destaca que las principales diferencias se asientan en dos aspectos:la subida salarial y la reducción de jornada. «La revisión del IPCes muy importante en nuestras reivindicaciones», apunta el sindicalista, que afirma que su sector es «uno de los que más horas anuales acumuladas» trabaja. Respecto al aspecto económico, la patronal ofrece una subida de un 8% entre este año y 2023, aunque empezaría contar desde julio de este año en vez desde enero, para un crecimiento de entre el 12,5 y el 15 % para los cuatro próximos años, un periodo de vigencia que los sindicatos no aceptan. Respecto a la jornada laboral, exigen una rebaja anual de 12 horas al año, frente a las 8 que planteó la patronal en su última oferta, que los sindicatos estarán dispuestos a aceptar si el convenio tiene una vigencia máxima de tres años.