Los trabajadores de las tres plantas que la maderera Garnica Plywood tiene en La Rioja y los de las oficinas de Logroño iniciaron ayer un ERTE, que afecta a la totalidad de las plantas del grupo en España.
Este expediente se extenderá hasta el 31 de marzo de 2023, con un máximo de 60 días por trabajador de los que hay en La Rioja unos 500, repartidos entre las dos plantas de Baños,la de Fuenmayor y las oficinas de Logroño. Durante este tiempo se alternarán periodos de parada total en la producción con otros de actividad a medio gas y la plantilla también irá rotando.
Las causas que habrían llevado al grupo Garnica a este Expediente de Regulación Temporal de Empleo son la caída de los pedidos desde el término del verano. «En general, la situación que viven Europa y Estados Unidos no beneficia en nada. Las empresas se están viendo afectadas, que son las que demandan el producto. Hay menos pedidos y nos estamos viendo obligados a producir menos», señala René Rodríguez, secretario de Organización de UGT FICA León, donde Garnica tiene una importante planta de producción, en concreto en Valencia de Don Juan. El sindicalista, que considera que «dentro de lo malo, es un buen acuerdo», señala que se trata de una situación coyuntural, y que son sus clientes los que también están sufriendo problemas.
Con 7 factorías, más de 1.200 trabajadores y una facturación de 350 millones, una de las empresas de origen riojano con más presencia en el exterior -exporta el 90% de su producción- ha sufrido los avatares de la pandemia sanitaria primero y del conflicto ucraniano después. Según recoge el Instituto de Estadística de LaRioja, las exportaciones del sector maderero rondaron los 142 millones en 2019, que cayeron a 114,8 en 2020, para desplomarse a 85,3 millones en 2021. Hasta agosto de este año, las ventas al exterior del sector se van recuperando, y ya habían alcanzado los 89,5 millones.
Hace exactamente un mes, el 21 de octubre, se hacía oficia la adquisición del grupo por parte del fondo de inversión Carlyle, que ha se ha hecho con un 70% del accionariado tras llegar a un acuerdo con el fundador de la empresa, Pedro Garnica, y el fondo de capital riesgo, ICG, en una operación que habría rondado los 500 millones de euros.