Las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras presentan hoy ante la FER, entre otros asuntos, la necesidad de reactivar las negociaciones del convenio agropecuario de La Rioja, bloqueado hace ya casi una década. El acuerdo caducó en el año 2009 y desde entonces han sido escasos, y desde luego, poco o nada fructíferos, los encuentros de la mesa de negociación que reúne a la patronal agraria y sindicatos. De hecho, tras el acuerdo extraestatutario de eficacia limitada y con vigencia entre 2010 y 2013, que no firmó Comisiones Obreras, las negociaciones se sucedieron tímidamente hasta 2017 «y ya no se han recuperado» más allá de una misiva enviada en diciembre de 2021 por la patronal, que no obtuvo respuesta desde las posturas sindicales.
Puntos calientes sobre la mesa hay varios, pero la obligatoriedad por parte del agricultor de proporcionar un alojamiento al temporero durante el periodo de vigor del contrato, así como la temporalidad del trabajador, centran los principales desencuentros manifestados a lo largo de los últimos años.
Los agricultores deben afrontar «un gasto extra», afirma Igor Fonseca, técnico del sindicato Arag-Asaja, para alojar a la cuadrilla contratada. «Eso cuando hay posibilidad de encontrar una vivienda ya que en muchos casos nadie cede su casa para este fin». Esto obliga también a «responsabilizarse del temporero 24 horas al día e incluso que la vivienda se adapte a la normativa de riesgos laborales». Supone un obstáculo más para la competitividad del sector agrario, más aún cuando en regiones vecinas como Navarra no es obligatorio, y en Álava, «la Diputación y el Gobierno vasco han habilitado una red de viviendas público-privada para facilitar el acceso del temporero a una vivienda digna». Néstor Alcolea, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), recuerda que incluso «se han interpuesto sanciones de 2.000 euros por no disponer de las licencias oportunas para el alojamiento» en relación a la normativa de riesgos laborales.
UPA, en representación de los agricultores, ha solicitado su adhesión a la mesa de negociación del convenio agropecuario con la idea de aportar soluciones a un bloqueo que va camino de cumplir una década. Se da la circunstancia de que se trata de una federación integrada en UGT, sindicato presente en la mesa negociadora y que defiende a los trabajadores. Dicho de otra forma, UPA se opone a que sea el agricultor quien asuma todo el coste del alojamiento del temporero, mientras que UGT exige garantía de vivienda para el trabajador temporal.
En cualquier caso, tanto Arag-Asaja como UPA ven necesario una solución que exima al agricultor de toda la responsabilidad en el alojamiento del trabajador y apuntan hacia soluciones como las adoptadas en Álava o a ayudas que permitan sufragar los gastos. De hecho, subsectores agrarios como el de la uva «han podido soportar los gastos hasta hace poco -detalla Fonseca- pero otros como el de la fruta no pueden».
antigüedad. Ahora bien la diversidad de la patronal dentro del sector agrario también genera desencuentros en el seno de la negociación, detalla Miguel Rollo, de CCOO. Hay una parte de la patronal agraria de contratación indefinida, «como puede ser la asociación empresarial relacionada con el champiñón que quiere congelar la antigüedad» de los trabajadores. A lo que «evidentemente nos negamos». La negociación del convenio agropecuario integra hasta cuatro patronales, Asaja, Uagr, Asochamp y la Asociación de Empresas Agrícolas Forestales y Pecuarias de La Rioja, sin contar con la posible adhesión de UPA, «y ni siquiera entre ellas se ponen de acuerdo».
Todo ello en un contexto retributivo que, al margen de los intereses y reivindicaciones de unos y otros, se encuentra por encima de la media nacional con 7,82 euros por hora tras la actualización de tres céntimos generada por la aplicación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en jornadas de ocho horas y con un coste de Seguridad Social para el agricultor de 15 euros al día, según los datos facilitados por la Unión de Agricultores de La Rioja.