Recomponer un escenario devastado por las llamas requiere un trabajo minucioso y organizado para esclarecer las causas. Esa tarea corresponde al ESIN, el equipo de la Guardia Civil que se encarga de investigar los incendios estructurales que no responden a un patrón accidental. El grupo lo integran tres guardias civiles que desde hace escasos meses han pasado de estructurarse dentro de la Policía Judicial a formar parte del grupo de criminalística del Instituto Armado.

Un sargento, un cabo primero y un guardia -prefieren la referencia a su escalafón en vez de desvelar sus nombres- conforman el ESIN, con base de operaciones en la Comandancia de la Guardia Civil de La Rioja, aunque su trabajo excede al ámbito geográfico de la región. Son los encargados de investigar sucesos que se puedan producir en Navarra, Guipúzcoa, Bilbao, Álava, Soria, Burgos, Cantabria, Zaragoza y Huesca, además de la comunidad riojana.

En todos los casos, su labor investigadora se centra en los incendios estructurales, como los de viviendas, naves industriales, vehículos, garajes... o en los casos en los que haya habido una explosión que no sea de carácter terrorista. "Para que nosotros actuemos tiene que haber una investigación abierta para tratar de esclarecer las causas de ese incendio", aclara el sargento del ESIN.

Entre los tres agentes acumulan una dilatada experiencia de más de una década investigando este tipo de sucesos, rehaciendo una escena hecha cenizas, interpretando el lenguaje del fuego y rastreando todos los elementos que han interferido, de manera intencionada o fortuita, en la combustión de un inmueble.

De media, al año, asumen unos treinta casos, entre los que se encuentran algunos sonoros y recientes, como el de la explosión de diciembre de 2021 en un bloque de pisos de Lardero, en el que cinco personas resultaron heridas y que acabó con una de ellas, inquilina del ático en el que se originó la deflagración, en prisión; o el incendio de una vivienda de Ausejo, en el que falleció una mujer de 44 años el pasado 12 de septiembre. También el de otras localidades, como la burgalesa Tordómar, donde en 2014 fallecieron seis miembros de una familia por la inhalación de los gases tóxicos del humo que ascendieron al piso superior al quemarse un sofá por una chispa de la chimenea. "Un incendio pequeño puede hacer mucho daño y matar a mucha gente", rememora el cabo primero.

Existen tres tipos de incendios: los naturales, los provocados y los accidentales. Pero el ESIN solo investiga los que están sin esclarecer. "Investigamos un caso a requerimiento de la Policía Judicial, cuando no llegan a determinar las posibles causas y ven algo que no les cuadra", explica el sargento. A partir de ahí su trabajo se centra en analizar todos los indicios para determinar las causas y el origen de las llamas. "Nosotros no entramos a valorar las causas que lo han provocado", puntualiza. Esa tarea y averiguar si detrás de las llamas se esconden venganzas personales, ajustes de cuentas o estafas compete a la Policía Judicial.

Su cometido es claro: hacer que cuadren las piezas del rompecabezas que deja la destrucción. El procedimiento se inicia con el estudio previo de las diligencias practicadas por la Policía Judicial para conocer la envergadura del caso. Ya en el escenario, enfundados con su uniforme negro, proceden a la inspección técnico ocular del entorno. Primero el exterior, luego el interior y después las instalaciones, hasta llegar al foco, donde se estudia lo que ha podido ocurrir y se recogen pruebas.

"La técnica es intentar hacer el recorrido inverso del fuego, de fuera hacia dentro, hasta llegar al origen. Una vez localizado, estudiamos lo que ha podido pasar", relata el cabo primero, al tiempo que recuerda que "los incendios son complicados; no son matemáticas".

Tras inspeccionar el lugar, se analiza todo el material para determinar si el fuego ha sido provocado y si se han utilizado otros elementos que hayan ayudado a propagar la combustión, como gasolina, pastillas de barbacoa o un simple papel quemado. Las pruebas que se envían al laboratorio de criminalística están en botes herméticos diseñados para que la muestra no pierda sus propiedades ante la volalitidad de algunos acelerantes y se malogren el trabajo de investigación.

Tras estas diligencias, que suelen durar de un día a una semana, redactan el informe que se suma a la investigación que remiten al juzgado. En el documento también se recogen las conclusiones en las que se determinan si el siniestro ha sido accidental o provocado.

Explosión de Lardero

La explosión que la mañana del 20 de diciembre de 2021 despertó a los vecinos de Lardero y que voló la parte superior del número 2 de la calle El Cristo es una de las investigaciones más destacadas que ha asumido el equipo del ESIN de la Guardia Civil. Da muestra de su relevancia las más de 400 páginas del informe que recoge las conclusiones del caso, cuya deflagración se originó en uno de los áticos. "Es el más extenso que hemos hecho en doce años", reconoce el cabo primero del equipo. Fue un caso extraordinario. "La explosión de Lardero fue 'bonita' porque no hubo incendio. Normalmente a una deflagración le sigue un incendio, pero en este caso no fue así", recuerda el sargento. "Se ven muy bien los vectores de fuerza de la onda de la explosión, sobre todo en paredes y elementos estructurales", detalla.

Un hecho sin precedentes que les ha permitido determinar lo que pasó y ver claramente que no fue un incidente accidental, ya que en cuanto llegaron al punto en el que se originó la detonación "había una manipulación de las tuercas previas a la caldera". "Ahí se vio que la fuga de gas estaba antes de la caldera, que no pudo producirse por ninguna causa accidental, ya que estaban las tuercas desenroscadas y prácticamente sueltas", relata el agente, quien sostiene que "eso no es un fallo de un instalador ni fruto de la explosión, es provocado, con el agravante de que fue por dos puntos distintos, al manipularse dos tuercas". Aseguran que una fuga de gas no habría provocado el daño que causó. "El que lo hizo se quería asegurar de que ahí salía el gas y todo eso era anterior a la caldera", insiste. Para investigar este caso llegaron a estudiar la caldera en las dependencias policiales y determinaron que "no podía haber provocado todo eso".

La explosión hirió a cinco personas, entre ellas la inquilina del ático donde se produjo la deflagración, que fue evacuada al hospital vizcaíno de Cruces e ingresada después en prisión provisional sin fianza en Nanclares por su presunta implicación en los hechos. Los daños obligaron a desalojar 19 viviendas.