El Congreso acumula ya 25 leyes que en su día aceptó tramitar por el procedimiento de urgencia, casi todas iniciativas legislativas derivadas de decretos normativos del Gobierno, algunas de las cuales datan del año 2020 y siguen en esta situación cuando queda menos de un año para que finalice la legislatura.

Todos esos decretos fueron convalidados por el Pleno, pero la oposición y los aliados del Ejecutivo reclamaron que se tramitasen como proyectos de ley para poder cambiarlos. Es decir, el PSOE y Unidas Podemos aceptaron que se diera voz a los grupos, pero solo formalmente porque desde entonces duermen el sueño de los justos. 

La mayoría de estas normas pendientes, un total de 16, han quedado varadas en la Mesa de la Cámara Baja, un órgano donde socialistas y morados tienen mayoría y que ha ido ampliando constantemente el plazo para la presentación de enmiendas. Algunas de ellas acumulan 94 y 77 prórrogas semanales.

Las otras ocho sí superaron esa fase y las distintas formaciones llegaron a registrar sus propuestas de modificación, pero jamás pasaron a discutirse en ponencia.

El grueso de estos decretos reconvertidos en proyectos de ley contienen medidas urgentes de apoyo a distintos sectores puestos en marcha con motivo de la pandemia, incluido el llamado escudo social y sus prórrogas.

El más longevo lleva ya 25 meses hibernando. Se trata de un texto con medidas para hacer frente al impacto del Covid en el sector del transporte y la vivienda, con 94 prórrogas. A punto de cumplir dos años congelados hay otros cuatro en la misma situación: los destinados a apoyar al turismo y el comercio, a paliar situaciones de vulnerabilidad en la vivienda y transporte, a modernizar la administración pública con los fondos europeos, y a activar instrumentos de adaptación al Brexit. Y también data de 2021 otra ley para reducir la brecha de género, todo con más de 70 prórrogas semanales.

En febrero cumplirán un año de parón otras cinco disposiciones urgentes procedentes de decretos como la destinada a reformar el impuesto de plusvalías, la que busca fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables y otra que afecta a reestructuración bancaria y la gestión de activos.

Desde abril de 2022 hay pendientes otras seis que el Congreso aceptó tramitar como proyectos de ley, pero que no han superado esta fase en la Mesa, entre ellos uno de ayudas al campo por la sequía.

Y luego están las ocho derivadas de decretos a los que sí se llegaron a presentar enmiendas pero después no se han discutido. De este paquete, el que más tiempo lleva esperando es el que busca incorporar al ordenamiento nacional directivas europeas sobre contratación pública, seguros privados y planes de pensiones. El Pleno aceptó tramitarlo en marzo de 2020, las enmiendas se registraron un mes después, pero no se ha hecho nada más.

Hay otros tres textos de 2020 con enmiendas registradas ese mismo año en la misma situación, todos en materia de empleo, y un cuarto aprobado al que se añadieron aportaciones en mayo de 2021. De ese mismo año datan otros dos con el marchamo de urgentes pero caídos en el olvido, uno de ellos también para la adaptación a la legislación europea en distintos ámbitos, ambos con enmiendas en disposición de debatirse desde hace meses.

El último proyecto nacido de un decreto que ya tiene enmiendas es del pasado agosto. Los grupos hicieron sus sugerencias en octubre, pero ahí se han quedado.

Además, otras seis iniciativas de ley así registradas por el propio Gobierno -es decir sin origen en decretos previos- han superado la fase de presentación de enmiendas, pero su progreso se detuvo ahí. El más antiguo -sobre impuestos especiales, IVA y tasas consulares- llegó al Congreso en octubre de 2021, hubo enmiendas un mes después, pero no hizo nada más con él.

El más conocido de este grupo es la Ley de Vivienda, que arribó a la Cámara hace si un año, tiene los recursos desde marzo de 2022, pero no ha avanzado por la falta de acuerdo entre los grupos que integran el Gobierno de coalición. Eso sí, el Ejecutivo ha pedido habilitar este mes de enero para convocar la ponencia.

Reforma de la Constitución 

Por su parte, la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad» se registró en mayo de 2021. El PP, en este caso, se reunirá con el Gabinete de Sánchez la próxima semana para sellar este cambio en la Carta Magna.

Asimismo, el Congreso tiene otros tres proyectos de ley con los ajustes preparados desde noviembre pero aún sin debatir y que versan sobre desperdicios alimentarios, servicios de atención al cliente y eficiencia procesal del servicio público de Justicia.

Y ni siquiera se han presentado reformas a otros seis proyectos del Gobierno. En este paquete se incluyen dos leyes presentadas en el anterior periodo de sesiones: la de Seguridad Nacional, que está en la Cámara desde marzo y la reforma del Código Penal para adaptarlo a la legislación antifraude europea.

Y también otras dos normas que recalaron en la Cámara justo después de verano: la que afecta al Sistema Nacional de Salud y la de eficiencia digital del servicio público de Justicia. Asimismo hay otras dos que datan de diciembre pendientes de fijar plazo de modificación: por una se crea una autoridad independiente de defensa del cliente financiero y la otra atañe a daños nucleares y traspone directivas comunitarias. Para más inri esta última se tramitó por petición gubernamental con carácter de urgencia.

El número de acciones impulsadas por los grupos parlamentarios que siguen sufriendo continúas ampliaciones de plazos para las enmiendas asciende a 14. Este listado de propuestas encalladas porque no se cierra el plazo para presentar enmiendas se completa con sendas Iniciativas Legislativas Populares que llegaron a la Cámara en 2016 tras recabar medio millón de firmas, como exige el reglamento. Una busca modificar los ratios de enfermeras en los centros de salud, y la otra acabar con el copago en los servicios de dependencia.