La independencia es el gran objeto de deseo del nacionalismo escocés. Por eso, y aunque los sondeos no son favorables e, incluso, ni siquiera cuentan con la aprobación -indispensable- del Gobierno británico para poder llevar a cabo otra consulta secesionista -ya se celebró una, sin éxito, en 2014-, la ministra principal de esa región, Nicola Sturgeon no tira la toalla. Lleva tiempo trabajando en convocar un nuevo referéndum a finales de 2023, cuando se cumpla la mitad de su mandato. Pero la posibilidad, tan siquiera, de que se pueda preguntar a los ciudadanos sobre una posible emancipación del Reino Unido se antoja una misión cada vez más difícil.
Uno de los últimos mensajes lanzados por el todavía primer ministro británico, Boris Johnson, insiste en negar a Escocia la posibilidad de celebrar una nueva consulta. «Los escoceses deberían centrarse en asuntos políticos como la educación en vez de pedir un nuevo evento constitucional que ya se llevó a cabo en 2014». «Ya votaron y perdieron», agregó esta misma semana, insistiendo en que actualmente el país se enfrenta «a retos sin precedentes» que merecen más atención que un nuevo plebiscito separatista, que, a su juicio, es «irresponsable y temerario».
Esta cuestión no parece preocupar a los candidatos a suceder al Johnson en el 10 de Downing Street, ya que, entre las propuestas planteadas durante las primarias, no aparece en ningún momento la cuestión independentista de Sturgeon, quien no pierde la esperanza de que el futuro jefe del Ejecutivo británico sí pueda acceder a sus pretensiones de volver a las urnas.
En cualquier caso, la mandataria sostiene que la consulta se llevará a cabo en un plazo de un año, cuente o no con el respaldo de Londres, y que, además, se hará de manera legal.
El primer referéndum se celebró el 18 de septiembre de 2014 y, aunque las encuestas apostaban por el sí a la ruptura, finalmente el 55 por ciento de los votantes escoceses rechazó la separación. Dos años después, se celebró el plebiscito del Brexit, en el que Escocia se posicionó mayoritariamente -un 62 por ciento- a favor de la permanencia, aunque el resultado final fue el divorcio de la UE. Esa es una de las principales razones esgrimidas desde Edimburgo a la hora de clamar por la convocatoria de una nueva consulta, habida cuenta de la diferencia de pareceres entre territorios y, principalmente, por el afán que tienen las autoridades de volver a la Unión Europea.
Sin embargo, la situación sigue siendo complicada. A pesar de ganar las elecciones regionales del pasado año con una abrumadora mayoría, el nacionalismo escocés sigue sin contar con el apoyo neceseario para sacar adelante sus planes. Un 70 por ciento de la población reconoce desconocer las políticas independentistas y apenas un 36 por ciento de los ciudadanos es favorable a un nuevo referéndum que, en caso de llevarse a cabo, volvería a tener el no como ganador, con un 53 por ciento. Ese será el gran reto de Sturgeon, que aún tiene 17 meses para tratar de convencer a los escoceses y someterse, esta vez sí, a la gran prueba de fuego. Siempre y cuando pueda celebrarse. Que esa es, sin duda, la gran cuestión.