Los gobiernos de España y Portugal anunciaron ayer un acuerdo político con la Comisión Europea que permitirá a ambos países poner en marcha la 'excepcionalidad ibérica', una propuesta que limita el impacto del gas en la cotización de precios del mercado eléctrico y que, por tanto, persigue una bajada significativa en la factura de la luz para los ciudadanos y para las empresas. Aunque el Gobierno no ha conseguido su objetivo de fijar un tope de 30 euros para el precio del gas en el mercado mayorista, sí ha logrado que Europa autorice una referencia de 40 euros el megavatio para alcanzar una media de 50 euros en los doce meses que durará la medida, lo que supondrá un ahorro importante, pues actualmente el megavatio hora se paga a cerca de 100.
Este logro conjunto de España y Portugal debe ahora trasladarse sin más dilación a los bolsillos de los españoles. Para ello, el Gobierno pretende que se apruebe la próxima semana en Consejo de Ministros, como insinuó la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, con el fin de que la medida alcance de inmediato al 40 por ciento de los hogares que tienen la tarifa regulada, que pueden ver reducido a la mitad el recibo de la luz. Aunque aún se desconocen los detalles del acuerdo entre ambas partes, Europa ha abierto la puerta a una reducción de la electricidad en España, a un mercado que venía siendo anómalo hace meses penalizado por el precio del gas que se incorporaba al mix eléctrico.
Ribera sostiene que esta medida reducirá las turbulencias y la volatilidad en los precios de la electricidad y servirá para proteger a todos los consumidores -y a la industria, muy importante- durante el próximo invierno. Si esta previsión se cumple, supondrá un gran empujón para el tejido productivo, que ha sufrido durante el último medio año un impacto brutal en los precios de la energía, especialmente en sectores intensivos, por lo que habrá que vigilar la estabilidad de los precios a partir de ahora y trabajar para que en el futuro no vuelvan a dispararse al término de la vigencia del acuerdo. Y una parte importante para esa garantía es un decidido impulso a mejorar las interconexiones entre la Península Ibérica y el resto de Europa. Bruselas se ha comprometido a dar un fuerte empujón a este objetivo para acabar cuanto antes con la condición de 'isla energética' de España y Portugal, pues, aunque la previsión marcada era del 10 por ciento de interconexión para 2020 y del 15 por ciento en 2030, actualmente apenas asciende al 2,8.
El Gobierno no debe detener la búsqueda de soluciones que vayan más allá de parches coyunturales. El futuro debe garantizar un precio justo para que la economía no colapse, empezando por los hogares y terminando en las fábricas.