El sector agrario en su conjunto atraviesa un momento delicado. Los agricultores de más de media España andan al límite por la falta de lluvia en los secanos o la caída de las reservas de agua para los regadíos, y los ganaderos por la ausencia de pastos en la mayor parte de esos ocho millones de hectáreas con la necesidad de aplicar los piensos para la alimentación animal con subidas medias superiores al 30%. A esta coyuntura, ya grave, se suman ahora los efectos derivados por la guerra de Ucrania en importaciones agrícolas y, además, los riesgos futuros para las propias exportaciones españolas agroalimentarias a Rusia si Moscú responde a las medidas comerciales de represalias comunitarias, como ya hiciera en ocasiones anteriores.

Con la sequía como protagonista, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya planteó en el último Consejo de Ministros comunitario un paquete de medidas para hacer frente a los problemas provocados por este fenómeno y los que se pudieran derivar en el futuro. Estas demandas las formularon conjuntamente las administraciones de España y Portugal. Por su parte, Agricultura estudiará esta misma semana  con el sector  la situación en cada territorio en la Mesa de la Sequía.

En esta coyuntura, desde la Administración se reclamó a Bruselas la posibilidad de que en los pagos directos de la Política Agrícola Común, dotada anualmente de casi 5.000 millones, el anticipo abonado en octubre, que es habitualmente del 50%, se pueda elevar hasta un 70% o un 75% para aumentar la caja de las explotaciones. En la misma línea de apoyos directos, se plantea la posibilidad de utilizar temporalmente parte de los fondos de desarrollo rural para dar una ayuda directa inmediata por parte de las comunidades autónomas que los administran, al igual que se hizo frente al impacto inicial de la pandemia.

Agricultura planteó a Bruselas una flexibilidad en el cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto Verde para el cobro de las ayudas como la rotación de los cultivos y su diversificación, o en la exigencia de abandonar como Superficie de Interés Ecológico el 5% en las explotaciones con más de 15 hectáreas. En lo que afecta a la rotación de cultivos, la normativa actual supone la exigencia de que en explotaciones de entre diez y 30 hectáreas haya, al menos, dos cultivos y tres si la explotación supera las 30 hectáreas. Otra medida demandada sería la posibilidad de pastar los barbechos.

En materia de ayudas directas, los mecanismos de la PAC en su Organización Común de Mercado contemplan la posibilidad de ayudas directas en unas condiciones de crisis excepcional. Es una posibilidad que no se descarta, si bien sería una opción a analizar más adelante en función de cómo evolucione el problema. Por otra parte, los escasos fondos de la Reserva de Crisis se descartan como salida.

Desde la Administración española también se planteó a las autoridades comunitarias, al grupo de expertos sobre el abastecimiento alimentario de la UE, la consideración a futuro de un riesgo de bajada de oferta y desabastecimiento y por ello se insta a articular ya medidas para facilitar las importaciones en caso necesario.

En la actividad ganadera, la sequía afecta a unos seis de los más de ocho millones de hectáreas de pastos, de los que dos millones corresponden a Extremadura, dos más a Castilla y León, 1,5 millones a Andalucía y unas 500.000 hectáreas a Castilla-La Mancha. A los problemas derivados de la falta de agua se suma la necesidad de aplicar una alimentación complementaria a base de piensos, cuyos precios se han disparado debido al encarecimiento de las materias primas en más de un 30%.

En lo que afecta a la actividad agrícola, la falta de agua está condicionando las siembras. De una parte, el sector agrario ha reducido el empleo de fertilizantes en sementera en una media de un 15% según los datos manejados por las industrias ante el incremento de los precios entre un 50% y un 100% por el mayor coste del gas. En estas circunstancias, los agricultores no se han arriesgado a aplicar esos abonos y se han reservado su mayor gasto para el abonado de primavera, lo que puede suponer, de cara a la próxima campaña, una reducción de rendimientos. Además, se espera algún cambio en las superficies de los secanos en herbáceos con la posibilidad de reducir la de los cereales y dedicar más tierras al cultivo girasol, menos exigente en materia de abonado. En los cultivos de riego, la reducción de superficies podría afectar a producciones como maíz, algodón, tomate para la industria o remolacha.

Y además ucrania. La guerra en Ucrania afecta de lleno al sector agrario. En primer lugar como consumidores de energía, luz y gasóleo; pero muy especialmente por las exportaciones de cereales y de girasol desde ese país.

España es un neto importador de maíz, entre siete y nueve millones de toneladas cada año, de las que casi un 40% proceden de Ucrania. Aunque hay otros proveedores, la guerra ha provocado una subida en todos los mercados con el consiguiente nuevo impacto negativo sobre los piensos. Igualmente es un importante importador de girasol, en aceite y en pipas, lo que en este caso beneficiaría a los agricultores españoles, pero no ahora cuando no hay existencias en sus manos.

En esta guerra existe la posibilidad y el riesgo de un segundo efecto negativo de cara a las exportaciones agroalimentarias españolas en el caso de que la UE imponga bloqueos de mercados a Rusia y que Moscú pague con la misma moneda. Ello ya sucedió en varias ocasiones en los últimos años y en 2014 por unos motivos similares.

En aquel momento, las exportaciones españolas agroalimentarias a ese país suponían ventas por unos 530 millones de euros de los que solo 440 correspondían a frutas y hortalizas, básicamente cítricos y frutas de hueso, a las que se sumaban otras como pescado, leche y derivados o vino. Moscú las sustituyó de momento por otros proveedores como Turquía o otros terceros países, acción cuyos efectos aún se notan en el campo español. España recuperó el mercado, pero no en su totalidad. Recientemente Rusia impuso una nueva normativa sobre el vino que ha supuesto casi la desaparición de la venta de graneles españoles a ese mercado.