Sigue la causa penal contra el exalcalde de Villamediana

EFE
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La Audiencia Provincial de La Rioja ha ordenado continuar con el procedimiento contra Tomás Santolaya por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa

Tomás Santolaya. - Foto: Clara Larrea

La Audiencia Provincial de La Rioja ha ordenado seguir la causa penal contra el exalcalde de Villamediana, el popular Tomás Santolaya, por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa -omisión del deber de perseguir delitos-. La Audiencia también ha acordado que continúe la causa penal respecto del que fuera arquitecto municipal entre 2010 y 2015 por un supuesto delito de falsedad documental, ha detallado este jueves, en una nota, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).

La Audiencia ha anulado el auto de sobreseimiento libre dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño respecto a Santolaya y ha estimado el recurso del fiscal contra ese auto. Por ello, ha ordenado que continúe la causa penal por los hechos relacionados con las construcciones supuestamente ilegales en suelo no urbanizable de Villamediana al entender que, en este momento procesal, hay indicios de una “comisión delictiva”.

También señala que la continuación del procedimiento penal no supone suprimir el derecho a la presunción de inocencia de los implicados, ya que este derecho solo puede ser fracturado con una sentencia condenatoria. En su resolución, la Audiencia Provincial afirma que no se da ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dictar el sobreseimiento libre de la causa.

Según la doctrina del Tribunal Supremo, que se recoge en el auto, se podrá proceder a la inmediata declaración de sobreseimiento que corresponda solo cuando de manera "patente, clara, inobjetable e incontrovertible" se esté en presencia de un hecho "irrefutable", producido o conformado por una conducta activa u omisiva totalmente esclarecida en sus aspectos objetivo y subjetivo, que "para nada encaje jurídicamente en una figura penal determinada". El Alto Tribunal añade que, "en otro caso, la más mínima duda acerca del hecho no puede, en esta fase del procedimiento, dar lugar a la finalización y archivo sin más trámite, aunque se estimen insuficientes los indicios".

La Audiencia, en cuanto al delito de prevaricación urbanística y administrativa, señala que de los hechos conocidos hasta ahora, se podría deducir que tanto el exalcalde de Villamediana como el arquitecto conocían “la existencia de numerosas edificaciones en terreno no apto para ello, sin que, por su parte, se hubiera realizado actuación concreta alguna frente a las mismas”. Incide en que este conocimiento de las edificaciones supuestamente ilegales debe entenderse como un “conocimiento directo de irregularidades que determinaban la necesidad de una respuesta concreta a las mismas”. En su auto, la Audiencia destaca la “conducta pasiva” que se observaba desde el Ayuntamiento de Villamediana, cuya práctica habitual frente a las irregularidades urbanísticas era la de “no hacer nada”.

Concluye que “concurren elementos que, cuando menos, a nivel indiciario, ponen de manifiesto la existencia de una práctica consolidada y conscientemente decidida en el Ayuntamiento de Villamediana en relación con este tipo de construcciones de no hacer nada tendente al restablecimiento del orden urbanístico". Además, considera que "se desprende la existencia de actuaciones irregulares que terminan favoreciendo la consolidación de la irregularidad administrativa urbanística”.

En cuanto al delito de falsedad documental esgrimido por el fiscal contra el arquitecto del Ayuntamiento del Villamediana, la Audiencia estima que no puede ser objeto de sobreseimiento libre porque los hechos hacen referencia a ciertas actuaciones del arquitecto sobre informes a favor de la legalidad de ciertas edificaciones que aparentemente no lo debieron merecer. También hace referencia a la emisión de un informe sobre la legalización de un pabellón agrícola cuando en realidad era una vivienda, entre otras irregularidades documentales sobre obras en estas edificaciones en suelo no urbanizable.