El presidente de la Unión de Agricultores de La Rioja (UAGR), Óscar Salazar, afirmó ayer que su sindicato no ha cometido «ninguna ilegalidad ni irregularidad» en un fraude de subvenciones europeas por el que se investiga a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en la que se integra la organización riojana, y a la que también se le ha requerido documentación.
Según la información que difundió la Policía Nacional, en el marco de un procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea, hay 42 personas investigadas, aunque «no detenidas» y se han realizado dos registros en la sede nacional de Madrid y en la de Andalucía. Asimismo, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes regionales de, además de La Rioja, Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña.
Salazar manifestó su «indignación y malestar» por la publicidad de esta investigación con la que han colaborado «desde el primer momento». Según relata, hace año y medio que se proporcionó a la Policía Nacional la información requerida, que la UAGR «ha repasado» sin encontrar ninguna anomalía. «Estamos muy tranquilos, está todo bien hecho», reitera el presidente de la organización agraria, que afirma que no tienen «nada que ocultar». Es más, destaca que durante el periodo en el que se ha estado trabajando en el esclarecimiento de los hechos, no han recibido ninguna notificación que les indiquen la comisión de alguna irregularidad.
Salazar, visiblemente molesto por la repercusión de esta investigación, insistió en que siempre han brindado la colaboración que se les ha pedido y espera que las circunstancias se aclaren lo antes posible. «Mostramos nuestra total transparencia y predisposición con las autoridades competentes para que todo se esclarezca cuanto antes», destaca.
32.899 euros. En el mismo tono se manifestó la COAG, que indicó que tras más de año y medio de investigación, «no se nos ha comunicado ningún tipo de irregularidad» en la utilización de fondos europeos. La organización agraria aclara que los informes de la Intervención general de la Administración del Estado ponen de manifiesto que los fondos europeos sujetos a investigación «se limitan a 32.899 euros», en un programa desarrollado en ocho comunidades autónomas durante tres años, en concreto al periodo entre 2018-2020. Critica, además, que la nota de la Policía «atenta» contra el derecho de libertad sindical ya que se publica a tres días de la celebración de las elecciones agrarias en Castilla y León, a las que COAG concurre.
No realizadas. Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla a raíz de una denuncia contra COAG en la que se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas cuya ejecución se encontraba subvencionada.
El «exhaustivo» análisis de tres ejercicios reveló la presunta existencia de «múltiples irregularidades» en la justificación de ayudas mediante un «sofisticado» sistema de imitación de firmas en los documentos que conformaban los expedientes. La Policía explica que con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas de la Dirección General de Migraciones destinadas a la atención de ciudadanos extranjeros en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral y visita a alojamientos.