El Partido Popular ve un "dislate" la aplicación de la LOMLOE

Cayetano G. Lavid
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Exige una "moratoria" al no haber una normativa autonómica de desarrollo

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, en una imagen de archivo. - Foto: Ingrid

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha calificado de "dislate" la puesta en marcha de la LOMLOE en La Rioja cuando "todavía no se ha aprobado la normativa autonómica de desarrollo". De ahí, que haya exigido al Gobierno riojano que reclame "una moratoria" al Central para la aplicación de la 'Ley Celaá'.

Para Garrido "lo más sensato" es "no estresar aún más" a la comunidad educativa que "llevan haciendo esfuerzos desde el curso 2019-2020" por la pandemia y los posteriores planes de contingencia. "Y ahora que parecía que la situación volvía a la normalidad se les pide un esfuerzo mayúsculo con la aplicación de la nueva norma educativa 'Ley Celaá'", ha añadido.

El portavoz del PP se ha referido a este asunto en una comparecencia de prensa en la que ha dado a conocer los temas que su formación llevará al pleno de este jueves, siendo la cuestión de la LOMLOE uno de los "más importantes" y "polémicos" de los últimos tiempos.

Ha afirmado que "no tiene ningún sentido que se quiera articular todo un nuevo sistema educativo, que se articule con los pilares de las nuevas competencias, pero se pretenda instalar desde una absoluta incompetencia en la gestión desde la Consejería de Educación".

Ante ello, "la responsabilidad desde el Gobierno de La Rioja debe ser ponerse de parte de los claustro, de los equipos directivos y de las familias, y reclamar una moratoria de manera inmediata al Ministerio, así como en Bachillerato para el próximo curso". A ello, ha unido que también "hay una polémica con los libros de texto, porque las editoriales no pueden terminar de ajustar los libros de cara al próximo curso", recordando además, que "desde enero, el Gobierno riojano no se ha reunido con las editoriales".

SITUACIÓN ECONÓMICA
Por otra parte, los 'populares' abordarán la situación económica de La Rioja, una vez que se ha conocido que la AiREF, en el primer trimestre de 2022 situaba a la región con un crecimiento cero, algo que sitúa a la comunidad "peor que la media con las políticas de Andreu".

Además, ha lamentado el "incremento" del número de desempleados en La Rioja, siendo "un mercado de trabajo dopado por el gasto público" ya que el 43 por ciento del empleo generado "es público".

CURSOS DE FORMACIÓN
El PP también preguntará al Gobierno riojano por el curso de formación -"pagado con dinero público- del exgerente de la Fundación Hospital de Calahorra, Fernando India, ya que "lejos de aclararse, el Gobierno debe demostrar que ha gestionado escrupulosamente el dinero público".

Por ello, pedirán una serie de expedientes y de documentación relativa al curso de formación por importe de 25.560 euros. Entre la documentación solicitada figura copia completa de los expedientes en los que se le reclama la devolución del dinero, la reclamación
judicial, el pago de las facturas, así como expedientes y justificantes relativos a los supuestos complementos formativos.

APOYO AL SECTOR DEL VINO
Además, el Grupo Popular defenderá en el Pleno de la Cámara Regional que ésta rechace la pretensión de Agroseguro de incrementar las tasas del seguro de uva en La Rioja, "no es lo que necesita ni lo que demanda el sector. Aprovecharemos para impulsar mejoras en la cobertura del seguro, como que el mildiu se considere como un riesgo asegurable y que se rebajen las tasas a la uva para la producción de vino ecológico".

Del mismo modo, ha apuntado que en la sesión plenaria reclamarán al
Ejecutivo de Andreu información sobre la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava. "Hace tiempo que no hay noticias del Ministerio al respecto y queremos saber cuándo se prevé su remisión a la Comisión Europea".

Otra de las proposiciones no de Ley del Grupo Popular propondrá la
aprobación de una línea de ayudas directas a las familias de menores con TDAH destinadas a financiar las intervenciones psicológicas anuales, así como que se alcance en el SERIS el número de 12 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes.