El 30 % de la población reclusa del centro penitenciario de Logroño refiere que está en tratamiento con medicación psiquiátrica, y más del 20 % dice haber intentado alguna vez quitarse la vida, ha informado este sábado el sindicato ACAIP-UGT, mayoritario en prisiones. 

ACAIP-UGT, en una nota, ha expuesto estos datos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo día 10, efemérides que también ha aprovechado para destacar el déficit de personal que, según sus datos, tiene la prisión de Logroño, y que, con carácter general, alcanza el 14 %, al haber "29 trabajadores que superan los 60 años", informa Efe. 

Sin embargo, el sindicato ha precisado que, si se tiene en cuenta solo la cifra de facultativos sanitarios, el déficit de recursos humanos en la prisión de Logroño se eleva al 25% y con una media de edad de 53 años .

También ha indicado que "la tasa de suicidio en prisión es 8 veces más alta que la de la población en general y la enfermedad mental es la causa que hay detrás de muchas de estas muertes".

Con carácter general, el sindicato ha informado también de que "más del 40 % de los ingresos en las enfermerías de las prisiones son por problemas de salud mental".

En 2020, último año del que se tienen registros, ha detallado, instituciones penitenciarias reconoce que 7.432 internos causaron alta en las enfermerías de los centros penitenciarios por patologías psiquiátricas, el 41,6 % del total.

La enfermedad mental en prisión, según este sindicato, es "uno de los graves problemas a los que se enfrenta la institución".

"Con un déficit de médicos que en el mes de septiembre alcanzó el 61% a nivel nacional -ha subrayado- es imposible dispensar una atención adecuada, detectar problemas con la medicación e, incluso, la prevención de brotes que deriven problemas regimentales y agresiones a otros reclusos o trabajadores".

Muchos de estos internos, ha indicado el sindicato, "se encuentran en los módulos ordinarios, donde existe un déficit de personal importante y una elevada media de edad que impide prestar un servicio adecuado".

El sistema penitenciario, ha subrayado, cuenta "únicamente" con dos hospitales psiquiátricos dedicados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad impuestas judicialmente y, en consecuencia, no actúan como hospitales de referencia para la atención psiquiátrica "estrictamente hablando".

Por ello, esta atención se realiza en las enfermerías y módulos de los centros penitenciarios, que "no disponen de medios, en un entorno en el que el 5% de la población reclusa son enfermos mentales graves y crónicos".

La salud mental, ha detallado, es una de las asignaturas pendientes de la sociedad que, en prisión, "se ve potenciada por las especiales circunstancias que se derivan de vivir en un entorno cerrado y características de las personas privadas de libertad".

En este contexto, ha asegurado que "la prevención, detección y tratamiento es vital para evitar autolesiones incidentes regimentales".

"Con el déficit de la sanidad penitenciaria -ha subrayado- es imposible cubrir con garantías esta necesidad" y la "Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones".

19 años después, ha informado, "solo Cataluña, País Vasco y Navarra han asumido estas competencias".

Desde su punto de vista, "la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las comunidades autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario".