La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha presidido este viernes la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía donde ha incidido en la importancia que tiene para luchar contra la pobreza infantil.
La Comisión está integrada por la directora general de Servicios Sociales y Ciudadanía, Marisa Ruiz de Escudero; representantes de las direcciones generales de Control Presupuestario y Formación Profesional de Empleo, Comisiones Obreras, UGT, Federación Riojana de Municipios, Consejo Sectorial de Exclusión Social, Colegio Oficial del Trabajo Social y la Federación de Empresas de La Rioja.
En esta ocasión, y dado el contenido de esta reunión, también ha participado la directora provincial del INSS, Purificación Varona.
A lo largo del encuentro telemático, Santos ha explicado los detalles del Ingreso Mínimo Vital cuyo decreto se aprobó el pasado uno de junio, una medida, que ha calificado de “histórica, sin precedentes y que da un paso de gigante además de garantizar que todos los ciudadanos cuenten con un mínimo de ingresos que les permitirá vivir dignamente”.
Asimismo, la consejera de Servicios Sociales ha puesto el acento la importancia del Ingreso Mínimo Vital para combatir la pobreza infantil “porque las familias monoparentales recibirán una mayor cuantía a la de un hogar constituido por dos adultos con menores”.
Según las primeras estimaciones, el Ingreso Mínimo Vital podría llegar a 8.000 hogares en La Rioja y da cobertura a catorce tipos y en todos ellos, ha explicado Santos, “la cuantía del Ingreso Mínimo Vital es superior a la Renta de Ciudadanía y dignifica el importe”.
La cuantía de la Renta de Ciudadanía oscila entre los 430 y 672 euros mientras que el Ingreso Mínimo Vital “se incrementa entre los 463 y los 1.015 euros para el caso de un hogar con 3 o más menores”, ha detallado la consejera
Ha explicado cómo será la convivencia de ambas medidas. “A falta del desarrollo reglamentario, el IMV no cubre a determinados colectivos que sí está atendiendo la Renta de Ciudadanía” como los menores tutelados, huérfanos, los menores de 23 años independizados, mayores de 65 años sin pensión contributiva o embarazadas de menos de 23 años solicitantes de asilo.
“La Renta de Ciudadanía tendrá que seguir existiendo para cubrir las necesidades de aquellas unidades de convivencia que no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital", ha insistido Santos.
En estos momentos, 2.413 hogares están percibiendo la Renta de Ciudadanía y durante la crisis de la COVID-19 la han solicitado 300 más.