Unos 1.100 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional participarán en los controles aleatorios que se establecerán en los accesos a La Rioja para vigilar el cumplimiento el cierre perimetral de la comunidad autónoma, que se puso en marcha a las 00:00 horas de este viernes y que continuará hasta el 7 de noviembre para intentar frenar el aumento de contagios, que ha puesto a la región en puestos de cabeza en incidencia en España y que alcanza cifras récord en la pandemia.

La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, contactó con sus homólogos en las comunidades autónomas limítrofes de Navarra, País Vasco y Castilla y León para coordinar la colaboración de la campaña de control, tras la decisión adoptada este miércoles por el Gobierno riojano de establecer el cierre perimetral de la región.

El confinamiento perimetral restringe la libre entrada y salida de personas en toda La Rioja, salvo los desplazamientos adecuadamente justificados, como acudir al centro laboral, por cuestiones académicas, sanitarias o atender a personas dependientes.

La Guardia Civil, con unos 800 agentes; y la Policía Nacional, con unos 300, activarán todos los recursos disponibles para cumplir con esta normativa, que permite los movimientos con origen y destino dentro de la propia comunidad autónoma y aquellos que atraviesen La Rioja con destino a otro territorio no confinado, detalló la Delegación del Gobierno.

Los controles aleatorios, al igual que ocurrió en los meses en los que estuvo vigente el estado de alarma, se producirán en todas las carreteras que conecten con otras comunidades autónomas. También se intensificará el control de movimientos en aquellas zonas con más desplazamientos interterritoriales, como son en la ribera y La Rioja Alta, para evitar acudir a segundas residencias; la N-111 y Logroño, ya que la capital riojana tiene la peculiaridad de limitar con País Vasco y Navarra.

La Delegación de Gobierno ha señalado que los controles fronterizos variarán en función de un día laboral y el fin de semana y también de los flujos de movimiento de la población, por lo que es un operativo mucho más complejo al contar con desplazamientos permitidos.

Informar y sancionar. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizarán labores de información, pero también de sanción. La delegada del Gobierno explicó a El Día de La Rioja que el objetivo no es imponer multas de manera indiscriminada, sino que serán los propios agentes quienes valoren si la actitud de las personas que incumplan la limitación de movilidad sin causa justificada es merecedora de ser sancionada.

La representante del Estado en la región señala que es lógico pensar que puede haber personas que se desplacen hacia La Rioja desde otras regiones y desconozcan las restricciones puestas en marcha en la Comunidad, por lo que en esos casos los agentes actuarán de manera informativa. De hecho, los controles informativos se reforzarán, por ejemplo, en algunas zonas de afluencia habitual de visitantes vascos a segundas residencias.

De cualquier modo, quienes incumplan las restricciones de movilidad e intenten salir del territorio riojano sin alguna de las causas autorizadas se exponen a una sanción tipo de 300 euros, que se quedará en 180 euros en el caso de pronto pago, una

cantidad que puede incrementarse en supuestos en los que concurran circunstancias agravantes.

La delegada señaló que la ciudadanía debe de ser consciente de que la fase de concienciación ciudadana ya se ha llevado a cabo, por lo que el mensaje que traslada es que «se vigilará y se sancionará», porque «la situación es grave».

Controles en origen en autobuses y trenes. Los controles de Policía y Guardia Civil vigilarán las entradas de vehículos particulares a la Comunidad por la red de carreteras, pero ¿qué ocurre con los ciudadanos que lleguen en autobús o en tren? La delegada del Gobierno aclara que en algunos casos pueden ser viajeros que regresen a su primera vivienda o que vayan de paso en distintas regiones, aunque sí habrá controles en origen en las estaciones de ferrocarril y autobuses para controlar el cumplimiento de las normas de movilidad. Marrodán hizo un llamamiento «a la responsabilidad y a la necesidad de que cada uno pensemos en los términos de qué debemos y no debemos hacer y no tanto en términos de qué podemos o no podemos hacer».