Un satisfecho ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicaba ayer, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, las claves de la segunda fase de la reforma de las pensiones, que se ha aprobado vía Real Decreto-ley y que ha contado con el beneplácito de los sindicatos y el rechazo de la patronal.
«Es para muchísimos años y aporta tranquilidad y certidumbre», afirmó el ministro sobre una reforma abierta, según dijo, a incorporaciones de otros grupos políticos, que contempla la subida de las bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando los dos peores. Esta medida estará en vigor en 2026, una doble posibilidad que podrán elegir los alrededor de 3.100 riojanos que cumplirán 67 años, y por tanto han de jubilarse, en dicho ejercicio. Al respecto, el presidente del Colegio de Economistas, Ernesto Gómez Tarragona, considera que es necesario aumentar el tiempo de vida laboral para realizar el cómputo de las pensiones, «un paso más hacia la sostenibilidad del sistema».
Argumenta que, en términos generales, la reforma garantiza su viabilidad a corto plazo, pero vaticina que será necesario a medio y largo plazo acometer nuevas reformas. Augura que habrá que tomar de referencia la totalidad de la vida laboral para calcular la nómina de las pensiones que, consecuentemente, serán más bajas «para que las cuentas cuadren».
Reflexiona que el Gobierno ha adoptado decisiones «difíciles de entender», como subir las pensiones respecto al IPC de noviembre un 8,6%, contradiciendo las manifestaciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que defendió que los salarios deben crecer «en entornos razonables, sobre el 3 o 4%», para controlar la inflación.
Al hilo de esta reflexión, argumenta que hay que buscar mecanismos para hacer frente a la subida anunciada de las pensiones mínimas, o bien elevando las cotizaciones, solución «menos impopular, pero transitoria»;o echar mano de los presupuestos del estado, que obligaría a elevar impuestos «o trasvasar el dinero de otro sitio». «Ha sido una oportunidad pérdida», considera el decano de los economistas, que argumenta que una reforma de las pensiones debe ser consensuada y ajena a intereses políticos «porque es un asunto de estado».
Híbrida. Enfatiza que el problema es «muy grave» y requiere una solución híbrida, una receta que implica pensiones menos generosas, computar sobre toda la vida laboral, aumentar las cotizaciones e, incluso, extender la vida laboral.
Apunta la necesidad de habilitar mecanismos que permitan trabajar «durante unas horas» a los pensionistas que así lo deseen, y hacerlo compatible con la pensión.
Se muestra muy crítico con las decisiones del gobierno, que define como «cosméticas, poco claras y carentes de transparencia» y exige que «con la que está cayendo», los trabajadores dispongan de su vida laboral y del cálculo de la pensión que va a percibir cuando se jubile. «Es una llamada al ahorro», razona Gómez, que apunta que los planes de empleo [planes de pensiones que proporcionan las empresas, bancos u otras organizaciones a sus trabajadores] «no están funcionando».