El juez del caso Pegasus, José Luis Calama, ha acordado conservar, a disposición del juzgado, los volcados de información de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "así como de cuanta información haya podido ser extraída de ellos".

En un auto, notificado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional acuerda además librar un requerimiento a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para el cumplimiento de la medida, que se enmarca dentro de la investigación por la infección de los móviles de estos cuatro miembros del Gobierno con la herramienta informática Pegasus entre mayo y junio de 2021.

Calama explica que junto con la denuncia de la Abogacía del Estado y su posterior ampliación se acompañaron cuatro informes relativos al análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y los tres ministros en los que se realizó una copia de seguridad de los dispositivos, así como un volcado físico de los discos.

"Es por ello que surge la necesidad de retener y conservar los efectos o instrumentos relacionados con el delito instruido en la presente causa", señala.

Así, explica, "procede acordar la conservación, a disposición de este órgano judicial, de todos los volcados de información verificados sobre los terminales telefónicos referenciados, así como de cuanta información haya podido ser extraída de ellos, y de los informes de toda clase, sean preliminares, definitivos o de cualquier otro tipo, elaborados al efecto".

El juez acuerda esta diligencia de conformidad con el artículo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala: "Los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, y sin perjuicio de su restitución tan pronto resulte posible".

"Los efectos serán también restituidos inmediatamente cuando deban ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, pero su conservación pueda garantizarse imponiendo al propietario el deber de mantenerlos a disposición del Juez o Tribunal", añade el citado precepto.

El auto recoge en qué consistió el análisis de los terminales afectados y las acciones que se realizaron, que fueron similares en todos los casos.

Respecto del presidente del Gobierno, el auto detalla el "uso de herramientas para realizar un análisis manual en vivo del dispositivo; extracción de los registros de diagnóstico; se realizó una copia de seguridad del dispositivo; y se realizó un volcado físico del disco".

En relación a esta causa, el pasado lunes el juez dio tres días de plazo al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para la presentación de sus preguntas al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, después de que este se acogiera a su derecho a prestar declaración como testigo por escrito, tras haber sido citado por Calama, que le sugirió hacerlo por videoconferencia para salvaguardar el principio de "inmediatez".