Conforme a la información facilitada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el índice de costes de la construcción en 2021 se incrementó 11,5% respecto al año anterior, con un incremento del precio de tubos de cobre cercano a un 44% o del acero, superior al 39%.De hecho, de los 43 materiales analizados, solo cinco no experimentaron un alza de precio y el 65% batieron todos los récords reflejados en la serie histórica.
La guerra de Ucrania no ha hecho sino agudizar esta situación -la tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) en el mes de marzo fue del 46,6%, la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1976-, lo que ha provocado que a lo largo de todo el país la contratación de numerosas obras públicas quedara desierta al no haber actualizado precios.
Estas «excepcionales circunstancias» llevaron al Gobierno de España a aprobar una serie de medidas para actualizar los precios de los materiales a su coste actual y no al que tenían cuando fue adjudicada la obra, que se aplicó a siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre. «No han sido elegidos al azar, sino que son los que se utilizan en las grandes obras de infraestructuras viarias o ferroviarias, las que licita el Ministerio», denunció Juan Ramón Liébana, secretario de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines (CPAR), que señala que son irrelevantes en las obras que contratan las administraciones públicas de esta comunidad.
Así se lo han hecho saber al Gobierno regional, que ha escuchado a los promotores y su Consejería de Hacienda y Administración Pública ha remitido un escrito al Ministerio de María Jesús Montero pidiendo la ampliación de la tipología de las materias primas cuyos precios se pueden revisar en contratos públicos. En concreto, ha solicitado que la Orden de precios incluya materias primas como el cemento, materiales cerámicos, madera, productos plásticos, áridos y rocas, y vidrio. «Son materiales cuya inclusión se ha tratado en reuniones previas con la patronal riojana», destaca el consejero de Hacienda, Celso González.
Sí, pero. CPAR da la bienvenida a esta iniciativa del Gobierno regional, dirigida a la extensión de materiales susceptibles de actualización de precios, lo que permitirá «revisar más obras», fundamentalmente las licitadas por ayuntamientos y comunidad autónoma, aunque entiende que esta medida no es suficiente.
Relata que los materiales que se han solicitado son algunos de los que CPARhabía pedido «porque son los que ya se han incluido en otras comunidades autónomas», el ultimo caso, el pasado de 8 de abril en Aragón. «Siempre vamos a remolque», asegura el secretario de la asociación de FER, que entiende que La Rioja puede replicar la decisión adoptada en Aragón porque con la petición elevada al Ministerio se está a merced del Gobierno central. Por ello, apunta que, al igual que en otras comunidades, sería necesario abrir un procedimiento excepcional para dar respuesta a los contratos que se licitan en La Rioja, «que no son autovías o ferrocarriles, sino colegios o calles». Además, en un contexto en el que el 70,5% del 46,6% que ha subido la tasa anual del IPRI en el mes de marzo corresponde a la energía, entiende «absolutamente necesaria» una revisión similar al de los materiales debido a su sobresaliente impacto en todo el proceso constructivo.
Liébana, además, razona que en el actual escenario hay otras actuaciones que pueden desahogar la apurada situación de constructores, como la posibilidad de sustituir algunos materiales por otros «que estén disponibles o de igual calidad, aunque a precios más asequibles», siempre de acuerdo con la dirección de obra, «que es la administración».
Igualmente, menciona como otra actuación que puede beneficiar al sector en su relación con las administraciones públicas la limitación de las penalizaciones por el retraso de la ejecución de las obras, «que no es achacable al contratista», al que perjudica la ingente carencia de materias, que supone un «serio» problema.
Más medidas. El Gobierno de La Rioja, que ha dado luz verde a un paquete de medidas de 9 millones paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, considera que las que ha tomado en las últimas semanas son las que requieren los distintos sectores y avanza que «se tomarán más si fuera necesario en función de las circunstancias que se produzcan». Al respecto, pone como ejemplo la petición al Ministerio de la inclusión de nuevas materias primas. «Creemos que las medidas excepcionales deben ser quirúrgicas y temporales», destaca González, que califica como «fundamental» el diálogo y la escucha con los agentes socioeconómicos.