E l fuerte incremento de los gastos en medios de producción hasta alcanzar una cifra récord superior a los 35.000 millones de euros y la aprobación del Plan Estratégico para la aplicación de la nueva Política Agraria Común constituyen los hechos más relevantes en el sector agrario en el último año. También se han dejado notar las fuertes subidas en los productos en origen por los efectos de la sequía, aunque este incremento no impidiera un descenso de las rentas en un 5,5%.

Con estos precedentes, el sector del campo aborda un nuevo año en el que la política agraria se va concentrar en el inicio de la aplicación de la nueva PAC mediante una ley y casi una veintena de reales decretos, entre los que hay un claro dominio de medidas relacionadas con el clima y el medio ambiente, además de plazos, controles, techos, cuadernos, etc. Estas limitaciones se van a hacer sentir tanto para acceder al cobro de los pagos directos -con las exigencias obligatorias de la llamada condicionalidad reforzada, sobre todo en materia del uso de abonos y productos fito y zoosanitarios-, como por las exigencias de carácter voluntario -los eco-regímenes, a los que se destinan nada menos que el 23% de todos los pagos directos-.

Desde la perspectiva de la aplicación de la nueva reforma de la PAC y todas sus exigencias, para el conjunto de los agricultores y ganaderos el año se abre con la necesidad de disponer de una compleja información sobre lo que se debe o no se debe hacer; no solo para acceder a los cobros, sino también para evitar incumplimientos involuntarios que acarreen penalizaciones. Así las cosas, la realidad es que el campo se halla ante una política agraria comunitaria más ligada a la burocracia, a un calendario sobre pagos, cuadernos de explotación, fechas y apuntes sobre todo tipo de empleo de medios de producción que pueden convertir a las explotaciones en una gestoría digitalizada y necesitada de información y asesoramiento.

De cara al futuro no se puede renunciar a todos esos mecanismos de información y control sobre la actividad agraria llevados a cabo gracias a la digitalización, que además mejorarán la seguridad alimentaria y ofrecerán a los profesionales posibilidades de ahorro al facilitar un empleo más correcto de todos los medios de producción. Pero, aunque se han dado avances muy importantes en el uso de nuevas tecnologías y en la formación de los agricultores más jóvenes, la realidad es que continúa habiendo un déficit en estas actuaciones. En muchos casos se sigue abonando por tradición y se echa en falta la generalización de los análisis de los suelos para dar a cada parcela la dosis necesaria en función del cultivo, de la tierra o del clima.

En paralelo, para ese cambio el sector necesita un mayor impulso en las políticas de información y asesoramiento a pie de campo para facilitar ese proceso. Ese impulso debe darse aprovechando las estructuras de organizaciones agrarias y entidades asociativas, eliminadas las viejas instituciones de las Agencias de Extensión Agraria que cumplieron un papel importante durante décadas hasta la Transición.

La Ley de la Cadena, en su última versión de 2021, ha sido uno de los avances más importantes logrados por el sector en los últimos años en defensa de una actividad rentable mediante la exigencia de unos precios en origen que cubran los costes de producción. Sin embargo, su cumplimiento ha seguido siendo motivo de las demandas más frecuentes en el sector, especialmente en algunas producciones claves.

¿Quién paga el IVA?

En 2022 con la subida de las cotizaciones en origen en producciones como leche o aceite amainaron las críticas, si bien se mantuvieron denuncias considerando que en muchos casos los precios se mantenían por debajo de costes. De cara a este 2023 se debe reforzar el cumplimiento de esta ley por una razón evidente: el sector teme que las políticas antiinflacionistas del Gobierno y las rebajas del IVA para no subir los precios al consumidor final se trasladen a una batalla a la baja de los precios en origen como inicio de la cadena alimentaria.

Con la invasión de Ucrania todavía como protagonista de los mercados, pero no solo por este motivo, sino también consecuencia del control sobre las materias primas de unos pocos grandes grupos multinacionales, se teme que los costes de producción puedan seguir siendo los protagonistas en los mercados agrarios durante el año que comienza. Los más optimistas estiman que ya podrían haber tocado techo en lo que se refiere a las materias primas destinadas a la alimentación simplemente por la reducción en la demanda debida al ajuste de las cabañas ganaderas. En lo que respecta a otros medios de producción, como los fertilizantes, los altos precios siguen provocando una reducción en su empleo, a lo que se añade la estrategia comunitaria 'De la granja a la mesa', que contempla la reducción progresiva del 20% en empleo de fertilizantes y del 50% en productos fito y zoosanitarios

En relación con los precios percibidos por el sector agrario, funciona el denominado Observatorio de la Cadena en el seno de Agricultura. Este organismo realiza un seguimiento de los mismos para detectar posibles anomalías. Haría falta que funcionara una estructura similar para hacer un seguimiento de los precios de todos los medios de producción agrarios si se considera que estos ya supusieron en 2022 gastos por más de 35.000 millones de euros, que prácticamente se comieron la rentabilidad de la actividad.

Una reivindicación casi histórica muy concreta era la posibilidad de los regantes de poder contratar una doble potencia a lo largo de la campaña para no pagar la más elevada en periodos en los que no se riega por no haber necesidad o por falta de agua. En 2022 se dio una salida provisional que debería consolidarse para el futuro.

Y, en materia de representatividad, se halla prácticamente parada la propuesta de consulta previa sobre la regulación de la representatividad en el sector agrario. El mayor interés para que se regule el sistema proviene, con lógica, de la organización Unión de Uniones, que pretende -y probablemente merece- estar en todas las mesas a nivel estatal. En cualquier caso, ya cuenta con una destacada presencia en diferentes territorios como Castilla y León (Unión de Campesinos), Comunidad Valenciana (Unió de Llauradors) o Cataluña (Unió de Pagesos), además de en otras comunidades autónomas, desde Asturias a Extremadura, pasando por Castilla-La Mancha.

En la política laboral, en el nuevo año el sector mantiene sus temores ante la ofensiva del Ministerio de Trabajo en materia de contratación, que no tiene en cuenta las condiciones especiales del trabajo, especialmente la temporalidad, en la actividad agrícola.