El conflicto lingüístico se enquista en Cataluña, con un Govern escudado en el nuevo decreto para evitar porcentajes de enseñanza de las lenguas oficiales en las escuelas y nuevas acciones judiciales de Ciudadanos y la Asamblea por una Escuela Bilingüe para denunciar el incumplimiento de la sentencia del 25 % de enseñanza en castellano.

Desde este miércoles, todas las escuelas e institutos catalanes deben empezar a impartir el 25 % de materias en castellano, como indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ordenar la ejecución forzosa de su propia sentencia.

Sin embargo, en la víspera de que terminara el plazo, la Generalitat pidió al TSJC que declarara la "imposibilidad legal" de aplicar la sentencia que impone un 25 % de castellano en las escuelas, esgrimiendo que el decreto que aprobó el lunes el Govern, sin porcentajes para las lenguas, supone un nuevo "marco legal" que impide su ejecución.

En un desayuno informativo en el Foro Tribuna Barcelona, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, se ha reafirmado este miércoles en que el objetivo de este nuevo marco legal es evitar "aberraciones judiciales y pedagógicas" como la sentencia del TSJC y garantiza que la responsabilidad jurídica de los proyectos lingüísticos recae "plenamente" en la consellería.

Cambray, además, ha reiterado que la voluntad de su Departamento no es aumentar las horas lectivas en castellano sino que en los colegios de Cataluña "se imparta y se hable más catalán que ahora".

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha alertado de que la Generalitat no puede decidir "unilateralmente" que ya no puede aplicar una sentencia por un nuevo decreto que ha pronosticado que "no va a parar en modo alguno" el mandato que dio el TSJC.

La AEB ha lamentado que la Generalitat mantenga su "manifiesta voluntad de incumplimiento", por lo que han presentado un nuevo escrito al TSJC para que valore posibles vías penales contra Cambray y que le imponga ya una multa de 1.500 euros diarios -al actual conseller o a su sucesor en el cargo en el caso de que hubiera un relevo- mientras no conste "de manera efectiva" que el Departamento de Educación esté cumpliendo el fallo.

Esta entidad, que forma parte de la plataforma Escuela de Todos, también ha reclamado al TSJC que requiera directamente a los directores de los centros educativos a fin de que den cumplimiento a la sentencia.

Por su parte, Ciudadanos ha acudido a la Fiscalía para denunciar el "incumplimiento" de Cambray, a quien la líder del partido, Inés Arrimadas, ha calificado de "matón" por "coaccionar" a los directores de centro y las familias, a raíz del decreto "fake" aprobado por el gobierno catalán sobre el uso de las lenguas en las escuelas de Cataluña.

En paralelo, Vox se ha sumado a PP y Ciudadanos para hacer un frente común contra el decreto ley sobre el catalán y lo recurrirán tanto al Tribunal Constitucional (TC) como al Consejo de Garantías Estatutarias.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha remarcado que "todas las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. También la del 25 %".

La ministra de Educación, Pilar Alegría, no ha hecho alusiones al conflicto lingüístico en su discurso de inauguración del II Congreso de la Formación Profesional de Cataluña, que ha hecho de forma telemática, por lo que no se ha cruzado con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presente en el acto pero que tampoco ha abordado el asunto en su alocución.