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La intrahistoria de una explosión

R. Muro
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La mujer detenida y el dueño del ático de Lardero se casaron en agosto, 8 meses después de que supuestamente ella provocara la deflagración tras la ruptura. Desde entonces, han solicitado la libertad provisional hasta en cuatro ocasiones

La reparación de centra actualmente en el tejado - Foto: Óscar Solorzano

Todo entorno a la investigación sobre la explosión de gas ocurrida hace prácticamente un año en el número 2 de la calle El Cristo de Lardero gira alrededor de un historia de amor, o más bien de desamor, además de algún que otro giro inesperado. La Guardia Civil, que ha remitido ya sus informes al Juzgado número 2 de Logroño, sigue pensando que I., la mujer uruguaya entonces expareja de F., propietario del ático en el que se produjo la deflagración, es la responsable  directa de la manipulación de la caldera. Según los datos recogidos en el transcurso de la investigación, era la única persona que en la madrugada del 20 de diciembre de 2021 se encontraba en el ático. De hecho, F. mantiene la coartada avalada por una empleada de su empresa de limpiezas que le sitúa aquella fatídica madrugada en una vivienda de la localidad alavesa de Lapuebla de Labarca. Los motivos de la mujer que aprecia la investigación siguen recayendo en la ruptura sentimental con F.

Ahora bien, a lo largo de este año se han producido varios giros inesperados en el seno de la investigación. En julio de 2022, la jueza que instruye el caso recibió un anónimo en el que se aportaban datos relativos a la autoría de la explosión que modificaban radicalmente la tesis incial que inculpa a la mujer uruguaya y apuntaba a otra persona como presunta autora. Documento que fue trasladado desde el Juzgado a la propia Guardia Civil e incluso a los letrados de las partes vinculadas en el proceso judicial, si bien, los agentes no han podido avalar los datos aportados en el documento remitido el pasado mes de julio.

Eso por un lado. Por otro, un mes más tarde, ya en agosto de 2022, el propietario del ático y la mujer uruguaya contrajeron matrimonio con I. aún en la prisión de Nanclares de la Oca, lo que le permitió legalizar su situación en España, hasta entonces irregular. Desde entonces, la pareja ha solicitado hasta en cuatro ocasiones la libertad provisional, tres de ellas han sido denegadas por la Justicia, y la última, cuya instancia ha sido presentada recientemente, se encuentra actualmente en fase de resolución. Precisamente, el anónimo indicaba, entre otras cuestiones, que la intención de ambos era huir de la Justicia española. 

En cualquier caso, el enlace matrimonial se produce ocho meses después de una explosión de gas cuyo supuesto origen estuvo en la rutptura sentimental de la pareja.

Tras todos estos giros inesperados, la investigación enviada al Juzgado por la Guardia Civil no ha podido determinar ninguno de los aspectos que reflejaba el anónimo. Tampoco se ha podido determinar quién escribió y envió el documento sin firma a la jueza, aunque la investigación sospecha de alguien de plena confianza del propietario del inmueble.

El día de antes. Lo que sí tiene claro la investigación es que la caldera fue manipulada. El día anterior a la explosión, los agentes se personaron en el ático alertados por F. ya que según su  propio testimonio, I. se quería suicidar. Sobre las 14 horas ,la Guardia Civil accedió al número 2 de la calle El Cristo. En ese momento no olía a gas. La mujer fue trasladada al hospital San Pedro de la capital riojana, donde determinaron que no había indicios que apuntaran a la voluntad de suicidio. Dos horas más tarde, sobre las 18 horas, la mujer regresaba al ático del número 2 de la calle El Cristo de Lardero.

A la mañana siguiente, pasadas las 7 horas, se produjo la terrible explosión  que generó seis heridos y el desalojo de 19 familias.

I. fue trasladada a la Unidad de Quemados del  hospital de Cruces  de Baracaldo, donde permaneció unos días ingresada. Tras recibir el alta médica, ya en enero, el Juzgado de Instrucción 2 de Bilbao requirió su arresto y traslado al centro penitenciario de Nanclares de la Oca, orden ratificada también por el Juzgado número 2 de Logroño. La medida fue adoptada después de que el ministerio fiscal imputara a la mujer uruguaya de 50 años varios delitos de lesiones y daños graves.