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"La Rioja revisará alguna condena a la baja con el 'sí es sí'"

R. Muro
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No rehúye cuestión alguna y matiza en todo momento lo que su posición como presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja le permite expresar o no. Javier Marca admite la crítica, siempre que ésta "sea razonada y razonable"

Javier Marca, en un momento de la entrevista - Foto: Ingrid

La 'ley del sí es sí' domina en las últimas semanas el foco mediático.  La Rioja continúa sin revisar ninguna sentencia a la baja...

No voy a entrar a valorar la ley. Es sencillamente una normativa que cambia cosas y entre ellas, alguna de las conductas que estaban en el Código Penal ahora se han refundido.  El problema no se produce solo en esta ley, sino en todas en las que se modifican que precisan de una revisión tras su modificación. Lo que se está dando, en mi opinión, es un revuelo mediático excesivo ya que el número de penas que se van a revisar a la baja será muy limitado. En La Rioja se han estudiado hasta el momento 54 causas y no se ha rebajado la pena en ninguna. Ahora bien, tenemos alguna en estudio que previsiblemente se revisará a la baja. 

Irene Montero ha cargado contra los jueces y la Asociación Profesional de la Magistratura pidió su dimisión.

Una crítica razonada y razonable a los jueces no nos tiene que ofender. Somos un poder público y sujeto a crítica. Si hay críticas, no digo que sea este caso, que exceden de lo razonado y razonable, tenemos un organismo que se encarga de defender a los jueces que es el Consejo General del Poder Judicial. Si éste órgano adopta decisiones en pleno, yo las asumo. Es el CGPJ el que tiene que salir al paso de críticas inapropiadas. 

Hay alguna decisión por parte del Gobierno que suena más a una cuestión política que normativa, por ejemplo, la Ley de Sedición.

Tenemos que acostumbrarnos a que los que hacen las leyes tienen la capacidad para decidir qué ley quieren hacer. Son los ciudadanos los que han elegido un Parlamento nacional y es precisamente el Parlamento el que tiene la competencia para hacer las leyes. Que sea más o menos oportuna, podría valorarla como ciudadano, pero como presidente del Tribunal Superior de Justicia mi única función es que la ley que se apruebe, se aplique. De lo contrario, no habría independencia entre los diferentes poderes.

¿Cómo se soluciona el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial?

Se soluciona con sencillez, que es aplicando la regulación del Consejo que dice que se tiene que renovar y en sus plazos. No es una decisión que corresponda los jueces ni al poder judicial, ni al propio Consejo, pero tampoco a los partidos políticos. La Legislación dice que debe ser el Parlamento. Hasta que esto no se produzca, la decisión de limitar los nombramientos afecta a uno de los elementos nucleares de la función de Consejo.   

Es una situación que también está padeciendo la Justicia riojana.

Al Consejo se le debería retornar esa capacidad. Se están produciendo graves disyunciones por no poder realizar nombramientos. Alguna de las salas están teniendo problemas para su composición. En La Rioja, los tres presidentes estamos en funciones. Tenemos un presidente de la Audiencia que no ha sido nombrado y una magistrada autonómica que se jubiló, y tampoco ha sido nombrada.

Hablando del Consejo General del Poder Judicial, ya advirtió que la Ley de Bienestar animal establecía penas similares por agredir a un animal que a la pareja.

Ese informe está aún en fase de borrador y no ha sido aprobado ni por el pleno ni por la permanente del CGPJ. Cuando se incluyen nuevas conductas en el Código Penal, muchas veces se dan colisiones o fricciones con otro articulado anterior. En cualquier caso, me parece correcto que el Consejo advierta en sus informes técnicos si se produce algunos tipos de disfunciones y permitir así al legislador modificar determinadas disposiciones de su norma. Ahora bien, en este sentido aún no se ha determinado el informe definitivo. 

La Rioja ha contabilizado hasta septiembre 577 denuncias por violencia de género, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado.

Nosotros partimos siempre de los datos estadísticos que proporciona el Consejo. En 2021 tuvimos 50 víctimas de violencia de género por cada  10.000 mujeres cuando le media nacional es de 66, es decir, estamos entre las comunidades con menor incidencia por diez mil habitantes. Los datos del primer trimestre de este año nos dicen que el número de denuncias bajó un 12% y en el segundo trimestre subió un 19%. En los dos primeros trimestres tenemos 442 denuncias y la extrapolación al año completo serían unas 884 cuando en 2021 fueron 823. Unas 50 denuncias más. Esto es muy atrevido porque no sabemos qué datos habrá hasta final de año.

El número de casos, según las previsiones, crece. ¿Están funcionando las leyes?

En cualquier caso, que haya más denuncias tiene una valoración negativa por el hecho de que se producen más delitos, pero no lo veo tan claro. Puede tener una valoración positiva, es decir, hay el mismo número de delitos pero la cifra negra de criminalidad ha bajado porque las víctimas presentan denuncias. No podemos decir que estemos peor.

Partiendo de la complejidad que supone acabar con esta lacra,  ¿convendría revisar estas leyes?

No podemos pensar que modificar el Código Penal va a poner fin a las conductas delictivas. Eso es una entelequia. El Código Penal llega cuando el hecho delictivo ya se ha cometido por más prevención general que haya. La sanción penal no es ningún bálsamo. Un principio básico del derecho penal moderno dice que lo que evita los delitos no es la gravedad de las penas sino la certeza de su imposición. Cuando el delincuente sabe si o si que será castigado, se reprime de la conducta delictiva. 

¿Preocupa especialmente que la violencia de género aumente entre los jóvenes?

Es un dato preocupante y además no es nuevo. Es una cuestión que no corresponde solucionar al derecho penal, sino fundamentalmente al ámbito educativo, por parte del Estado y por parte de las familias y en general, por parte de la sociedad e incluso por parte de los medios de comunicación. Desde el TSJR también contribuimos. Hemos hecho varios años puestas en escena en institutos de diferentes hechos delictivos en los que hemos contado la violencia entre adolescentes, en los inicios del noviazgo, la violencia verbal, física...

Hemos conocido recientemente la detención de un grupo organizado al que se responsabiliza de hasta diez robos con fuerza. La Policía Nacional les detuvo de nuevo una semana después por hechos similares en Logroño. ¿Cómo se le explica a la sociedad su puesta en libertad?

Entiendo la alarma social que se genera, más aún en casos de robos con fuerza. Pero hay que pensar que cuando se juzgue el primero de los diez delitos, el segundo tendrá la agravante de reincidencia, es decir, aún no se ha instruido ninguna de las diez causas, no ha habido juicio.   Además, nuestro sistema penal tiene unas reglas y si no se dan no se puede determinar prisión. Es decir, ha cometido diez robos, pero si luego no le condenan por ninguno... Hay que tener en cuenta que la situación normal de las personas es la libertad.

Al que ha sufrido el robo número once le cuesta entenderlo. ¿Qué se puede hacer para que  se entienda socialmente?

A la ciudadanía hay que decirle que el principio de presunción de inocencia está ahí, que un ciudadano diga que alguien ha cometido diez robos, lo dice él, pero no lo ha dicho la Justicia. Cuando lo diga la Justicia estaré totalmente de acuerdo con el ciudadano. Si se esclarecieran todos los robos de este año, el año que viene estaríamos mejor, pero hay que entender que la víctima no quiere ser víctima.

La Rioja continúa siendo una de las comunidades autónomas más seguras. 

Sin duda alguna. En 2021 tuvimos 28 delitos por cada mil habitantes y la media nacional es de 41. Entre una cifra y otra hay muchos delitos por cada mil habitantes. Somos de las regiones más seguras de toda España, algo estarán haciendo bien la Policía Nacional, la Local y la Guardia Civil y también la Justicia.

La sociedad tampoco entiende casos como el del pequeño Álex y hablamos ya del concepto de reinserción.

Es un caso concreto del que no voy a hablar hasta que no se celebre el juicio. No me puedo pronunciar en un caso que está subjúdice. Hay que entender que incluso con la Prisión Permanente Revisable, las penas tienen un límite máximo. En el derecho penal no existe la posibilidad de meter a alguien en la cárcel y tirar la llave. Tenemos unos límites, es decir, si alguien no se reinserta y ha cumplido los límites de la pena impuesta, hay que ponerlo en libertad. Otra cosa es la posibilidad de seguimiento policial, de vigilancia. Y con la Prisión Permanente Revisable pasa lo mismo. ¿Hay algunos delincuentes sexuales que no se reinsertarán jamás? Si, porque algunos tienen problemas de naturaleza psíquica que les provoca el delito. Ahora bien, esos límites de pena, más los instrumentos de los centros penitenciarios para la reinserción, más los controles, más salidas programadas previas al cumplimiento de la pena que permiten comprobar si alguien sigue en el mundo del delito o no... pero seguro, seguro, nunca hay nada.

Habrá casos de personas juzgadas que una vez cumplida la pena se reincorporan a la sociedad con absoluta normalidad.

Si, muchísimos. Hay un enorme porcentaje que han cumplido su condena en prisión y han tenido un periodo de reinserción y que cuentan con un grado de reincidencia menor que el de ciudadanos que nunca han pasado por prisión. Pero en el ámbito del delincuente sexual, su reincidencia no depende de su voluntad sino de sus condiciones psíquicas, el nivel de reincidencia no baja en relación al común de la población.

La Rioja ha avanzado en infraestructuras judiciales, pero ¿qué es lo que más urge ahora?

Lo que más urge es Calahorra tras los incendios  de este verano ya que las dependencias no están actualmente utilizables. De momento estamos sorteando necesidades. La solución definitiva vendrá cuando el Gobierno adopte una decisión al respecto, bien su rehabilitación o bien su demolición y reconstrucción. 

Llevan tiempo reclamando una sala para macrojuicios. ¿Se ha avanzado en este sentido?

Nuestra petición desde la sala de gobierno es un salón de actos institucionales con una doble función. Por un lado, para actos institucionales con gran afluencia de público, y por otro lado, para juicios con múltiples perjudicados. Es una petición que hicimos con mayor intensidad en tiempos de pandemia. Lo que tenemos ahora es la sala de bodas que permite actos no muy grandes y juicio no muy grandes. De hecho, se hizo un estudio para hacer un gran salón en el ala aún sin tabicar. De momento, la solución del Gobierno es en el hall, con una estructura móvil para actos institucionales. 

Desde una perspectiva personal y profesional, ¿se ha fijado algún techo en el ámbito judicial?

He estado 25 años en Cataluña. Solicité La Rioja y me concedieron el más alto honor que podía tener, que es presidir el TSJ de la tierra en la que he nacido. Ahora mismo estoy en funciones en mi primer mandato y mi objetivo actual es solicitar mi segundo mandato, si confían mi, iniciaría otro periodo de cinco años porque aún tengo ideas para hacer, tengo ganas y propuestas de futuro.