El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para las dos mujeres españolas casadas con yihadistas que han sido repatriadas a España desde campos de refugiados en Siria.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha tomado esta decisión tras la comparecencia de ambas. Sobre ellas pesaba una orden de búsqueda y captura internacional por presuntos delitos de terrorismo.

Se trata de Yolanda Martínez, que tiene 4 hijos, y Luna Fernández, que tiene 5 hijos más otros 4 menores a su cargo. Hay una tercera española casada con un yihadista que no ha sido localizada y que, por tanto, no ha sido retornada.

En su auto, Pedraz justifica su decisión señalando que en el caso de ambas existe un concreto riesgo de fuga debido al grave delito que se les atribuye, así como un "evidente" riesgo de reiteración delictiva.

Sin embargo, el juez entiende que no procede en este caso la suspensión cautelar de la patria potestad de los menores toda vez que al haberse acordado la prisión incondicional "no existe el riesgo potencial de continuar con un posible adoctrinamiento de los hijos".

La decisión del magistrado difiere así de la petición del Ministerio Público que, según las fuentes fiscales consultadas, había interesado tras recibir declaración de ambas tanto la prisión provisional como la suspensión de la patria potestad de los menores.

El retorno de los combatientes terroristas extranjeros

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado indica que tras la pérdida de control por parte de DAESH en Siria e Irak, se aumentó el riesgo de dispersión o retorno de los conocidos como 'foreign terrorist fighters' (combatientes terroristas extranjeros). Y recuerda que en el listado de esos combatientes estaban incluidas ambas mujeres.

El magistrado explica la trayectoria de ambas mujeres y de sus maridos, que inicialmente estaban investigados en el Sumario 5/2014 por su integración en la autodenominada Brigada Al Andalus, establecida en Madrid y que llevó a cabo labores de radicalización, reclutamiento y posterior facilitación del traslado a Siria e Irak para la comisión de ataques terroristas.

Las dos mujeres, indica, habrían participado en actividades a favor de DAESH, tanto antes de desplazarse a la zona sirio iraquí, como cuando se trasladaron junto a sus maridos a mediados de 2014 a esas zonas de conflicto, compartiendo y aceptando el mismo destino aquellos con el "objetivo de demostrar su integración en la referida organización terrorista".

De ambas mujeres y de otra tercera, continúa la resolución, no se tuvo información fehaciente hasta su aparición en un vídeo del El País, de abril de 2019. En el vídeo, una de ellas, Yolanda Martínez, aseguraba: "llegué sin saberlo, pero estaba muy contenta. Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el juzgado del ISIS haciendo recados. Por fin tuvimos una situación estable económica".

Para el juez, pese a los intentos de Yolanda Martínez por desmarcarse de su integración en DAESH sus palabras la delatan, ya que solo a los miembros de esa organización se les cedía una casa y les daba un trabajo en la administración que el pseudocalifato dirigido por Abu Bakr al Bagdhadi estaba desarrollando. Además, el hecho de que haya permanecido en aquella zona "muestra el compromiso inquebrantable de ella y su marido con la causa de DAESH".

Indica además que "compartía la ideología de su esposo, mostrándose de acuerdo en no permanecer estático ante el conflicto sirio y pasar a la acción".

El liderazgo de Luna Fernández

Respecto a la otra mujer, Luna Fernández, el magistrado señala que es también conversa al islam y mientras vivió en España jugó un rol clave dentro del grupo de mujeres de los integrantes de la brigada Al Andalus.

En el mismo vídeo mencionado aparecía también esta mujer y sus palabras en él, según el juez, reflejan "la interiorización radical y extremista del Islam, donde la sharia o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países", pese a su interés por desmarcarse de DAESH a lo largo de la entrevista.

Voluntad de regresar a España

Cabe recordar que fue en septiembre de 2019 cuando la Audiencia Nacional emitió esas órdenes internacionales de detención contra cuatro mujeres --tres españolas y una marroquí-- que estaban en Siria, país al que viajaron para enrolarse en las filas de Estado Islámico, y que habían expresado su voluntad de regresar a España. Estas mujeres tenían en aquellas fecha a 17 menores a su cargo.

Fuentes gubernamentales han detallado que la operación de repatriación, en la que han intervenido varios ministerios, ha contado con apoyo de Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Estado había confirmado hace unas semanas a Europa Press que la Administración de Joe Biden estaba brindado apoyo logístico y de otro tipo a los países que querían sacar a sus nacionales de los campos de desplazados del norte de Siria.

"La repatriación es la única solución duradera a la situación humanitaria y de seguridad en los campos de desplazados de Al Hol y Al Roj, en el noreste de Siria", sostuvo este portavoz, recordando que en ellos viven unas 56.000 personas, la mitad menores de 12 años.

Visita a Siria

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores visitó antes del verano a las españolas vinculadas con Estado Islámico que se encuentran en los campamentos de refugiados en el norte de Siria con el fin de establecer las condiciones para su eventual retorno a España, según apuntaron fuentes diplomáticas.

Dicho funcionario se desplazó a los campamentos de Al Hol y Al Roj para poder "entrevistarse con los ciudadanos españoles que se encontraban allí" y "establecer las condiciones para proceder a la repatriación, una vez que se cumplan las condiciones de seguridad para ello".