La diputada autonómica popular Begoña Martínez Arregui ha asegurado este miércoles que la "negligencia" de la consejera de Igualdad, Raquel Romero, (Podemos) "merece" un procedimiento sancionador por su incumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Martínez Arregui, en una rueda informativa, ha denunciado el incumplimiento "sistemático" de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la de Cuentas abiertas por parte del Ejecutivo riojanos (PSOE-Podemos).
Romero, responsable de transparencia, “vulnera continuamente el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública” y “desacata los principios generales que deben regir su actuación”, según la ley estatal, ha añadido.
Para Martínez Arregui, "la negligencia e incumplimiento de sus funciones, así como que no satisface el interés de los riojanos sino el suyo propio, puede dar lugar a una infracción".
Por ello, ha apelado al consejero de Administración Pública, Celso González, para que inicie un procedimiento sancionador y que sea el propio Gobierno “el que determine si la infracción es o no grave y proceda a sancionarla; con la destitución, si es preciso”.
"El Gobierno necesita ya pasar de la transparencia cosmética a un comportamiento transparente”, ha resaltado.
"Pese a que la Ley ordena que la información debe publicarse de forma permanente, periódica y actualizada, en el Portal de Transparencia está desactualizada, sin datar y los enlaces no funcionan”, ha apostillado.
Ley de Cuentas Abiertas, aprobada por unanimidad en la pasada legislatura, es, según la diputada popular, “la más abierta y transparente" de España, proporcionaba el saldo global de cada cuenta del Gobierno, todos los movimientos y enlazaba con la ejecución presupuestaria para comprobar todo el recorrido del gasto público, desde que se presupuesta hasta que se ejecuta.
En la actualidad, la web de cuentas abiertas solo facilita el saldo de las cuentas, ha dicho, por lo que es "una información que carece de calidad y de utilidad para la ciudadanía".
El Ejecutivo de La Rioja "no tiene ningún interés en proporcionar datos y mucho menos que puedan reutilizarse” y la consecuencia de la falta de información es "la ocultación de la realidad de la gestión del Gobierno”.
Ha señalado que la única referencia que la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, hizo sobre transparencia en su reciente balance de dos años de gestión fue el Observatorio de Precios Agrarios, lo que demuestra que “no hay nada que corrobore la mejora de la calidad democrática que anunciaba cuando tomó posesión”.
También se ha referido a que la Dirección General de Transparencia tiene un presupuesto de un millón de euros para 2021, y, en los ocho meses del año, "solo se ha gastado en amueblar su sede, poner vinilos con el nombre del director, comprar una cámara de videoconferencias y encargar un estudio sobre la información pública a una empresa vasco catalana”.