El empresario Carlos del Rey, presidente de la Asociación de Empresarios de Construcción,  Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), sitúa al sector de la construcción en la región en un escenario marcado por la incertidumbre, ante la escalada de precios que han registrado los materiales y los problemas que soportan con la recepción de suministros, que ponen aún más trabas a las empresas para que puedan cumplir con los plazos comprometidos. Un contratiempo que se ha reflejado en la concurrencia de las empresas riojanas a las licitaciones de obras públicas que, asegura, no están ajustadas a la realidad del mercado. ¿La solución? Que las administraciones revisen los precios y los contratos públicos. Pone el foco en las dificultades que los representantes de la patronal de la construcción han encontrado a la hora de comunicarse con los responsables públicos. Sobre la mesa están otras cuestiones pendientes, como la revisión del Plan General de Logroño, la adecuación de la normativa urbanística para no «entorpecer» la ejecución de la financiación que llegará de Europa o la nueva legislación en materia de vivienda.  

El sector de la construcción ha venido acusando desde el año pasado la subida de precios y los problemas derivados de la crisis de suministros. ¿Sigue siendo la principal preocupación?

Llevamos denunciando desde el verano los problemas que se estaban ocasionando con los suministros y las subidas de precios. Esa preocupación ya se la transmitimos a los gestores políticos, pero hemos obtenido poco o ningún éxito. De acuerdo con el informe que hemos elaborado,  en los últimos dos meses, noviembre y diciembre, se han quedado desiertos casi 3,6 millones de euros de obra pública. Es el 23 por ciento del total, que asciende a 15,95 millones de euros. El problema es que el precio de licitación no se ajusta a los precios y a la carestía que hay de los suministros. Esta situación ya la hemos puesto en conocimiento de la administración, pero todavía no hemos recibido respuesta. Antiguamente había una ley que era la revisión de precios. El Ministerio elaboraba una tabla de materiales, cuyos precios revisaba al finalizar el año en función de las subidas y bajadas que se producían. Siempre funcionó, pero al final se quitó. Las obras siempre tienen unos plazos y suelen ser largos. Desde que se licita hasta que se termina puedan pasar treinta meses y en ese periodo los precios varían y no se pueden controlar. Esto no puede ser a riesgo y ventura del empresario. Estamos hablando de materiales que vienen marcados por precios internacionales y no se pueden controlar.

¿En qué medida esta subida de precios está afectando al sector y qué papel puede adoptar la administración en las licitaciones de obra pública?

Por ejemplo, el acero corrugado ha subido un 78% a finales de 2021, el cobre el 102 por ciento, el aluminio un 56 por ciento, el petróleo un 106 por ciento, mezcla bituminosa el 85 por ciento. Son los que más afectan al sector. La administración llegó a reconocer la subida de los precios, pero lo enmarcaban a un problema europeo y nacional. Yo hago una reflexión. Si el Gobierno de La Rioja y ayuntamientos están licitando obras tienen la capacidad de gestionar y de admitir ciertas cláusulas para poder salvaguardar los precios. Hay comunidades como Extremadura, Andalucía, Murcia, Cataluña, Galicia o incluso Adif que ya han buscado soluciones provisionales.  

¿Cuál sería la solución que plantea la CPAR para que la actividad del sector no se vea alterada? 

La revisión de los precios. En Extremadura, por ejemplo, se han revisado todos los contratos de obra y de obra y de servicio en los que se haya producido una alteración extraordinaria de los precios. Se puede optar por una compensación consistente en la diferencia entre el coste real de los materiales y el precio recogido en presupuestos de ejecución o cambiar los materiales elegidos, siempre que no se afecte a la obra. 

¿Serán los fondos europeos que van a llegar ahora a La Rioja un balón de oxígeno para el sector?

Puede ocurrir que este boom de los fondos Next Generation puedan quedarse desiertos. Tienen mucha burocracia. La legislación actual no está adaptada y puede entorpecer su ejecución. La Ley de Suelo y Rehabilitación es de 2015. En La Rioja la Lotur tampoco está adaptada y en Logroño, con el Plan General que tiene, no se puede aplicar la Ley de Rehabilitación nacional que es en la que están pensados estos fondos para poder hacer determinadas actuaciones, que no se van a poder hacer en La Rioja. 

La CPAR ha pedido en muchas ocasiones flexibilizar las normas urbanísticas, especialmente la de Logroño. ¿Le sobra rigidez?

Es absolutamente vergonzoso que no tengamos una revisión del Plan General de Logroño que, en el mejor de los casos, no llegará antes de cuatro años. Nosotros pedimos unas modificaciones muy sencillas en la normativa, más adecuadas, que ya están implantadas desde el 2009 en ciudades como Pamplona o Vitoria. Estamos hablando del modo en que se computan los metros útiles de la vivienda, que zonas como los portales no consuman edificabilidad. Pero, desde el Ayuntamiento de Logroño consideran que estos cambios deben darse en la revisión del Plan y no de esta manera. 

¿Qué cuestiones no debe pasar por alto el Plan General y el futuro planeamiento de Logroño?

Entendemos que cuando se hace un Plan General, que va a tardar en aprobarse y va a tener un recorrido largo, lo que hay que ser es de mentalidad abierta. Hay que potenciar la rehabilitación del centro. Tampoco podemos ser cicateros a la hora de poner a disposición el suelo. La construcción y la promoción necesita terreno para poder hacer viviendas. Nadie va a hacer viviendas que no se vayan a vender. Ha quedado claro lo que pasó en el 2008. Lo que tenemos que tener es la suficiente capacidad para que la ciudad, si en un momento dado necesita un crecimiento más importante, que se pueda desarrollar. Queremos un reglamento y un Plan General que sea ambicioso y que nos deje la posibilidad de desarrollar la ciudad, tanto en el interior como en sus alrededores.

¿Hacia qué modelo de ciudad debe estar dirigido Logroño, de consolidación o de expansión?

Cuando haces una ley de largo recorrido tiene que haber previsión y visión de futuro. Hay que solucionar lo de dentro, que nos parece bien, y lo de fuera. También hay que ver qué queremos hacer y  cómo en el interior. Hay que tener un equilibrio. Estamos hablando de un documento que va a durar otros 27 años. Tenemos que ser ambiciosos.  

¿Es la rehabilitación energética clave para mantener el sector?

En materia de rehabilitación energética las administraciones no han cumplido. De acuerdo con la normativa europea, todos los edificios públicos tenían que haber sido eficientes en 2008. El modelo tiene que ser vivienda nueva, por su puesto, y rehabilitación. Al final hay que regenerar el centro de la ciudad. Pero tienes que buscar la eficiencia energética. La sociedad también tiene que cambiar, como ha hecho el modelo constructivo. Nos encontramos con una normativa que tiene que ser más flexible. Se está empezando pero no a la velocidad que se debería. 

Llevamos mucho tiempo pidiendo algo que ya se hace en otras ciudades, y que está funcionando, pero en Logroño nos hemos encontrado con la edificabilidad, que no sé dónde la tiene guardada este Ayuntamiento. Un edificio que tenga capacidad edificatoria para subir una o dos alturas tienen que poder rehabilitarse. Se está perjudicando mucho la rehabilitación. No se pone la lupa suficientemente en la regeneración. En el sentido de que se ha hecho lo facilísimo. Meterse en el Casco Antiguo o en zonas como Madre de Dios o Gonzalo de Berceo para hacer una regeneración urbana de verdad, que supone actuar sobre un edificio o manzana, no se ha hecho. Y con esta normativa no se puede hacer. 

¿Van a propiciar la nueva legislación y el plan de vivienda el acceso de los más jóvenes?

La vivienda es un bien de primera necesidad. Pero lo que llevo diez años diciendo es que entre un 25 y un 28 por ciento del precio es impuestos. Pagamos por todo.  Hay que quitar fiscalidad a la vivienda. Los problemas que pueden tener los jóvenes para acceder a la vivienda no es tanto el pago mensual, sino el de la entrada. Nosotros hemos propuesto hacer viviendas para jóvenes y que el Estado, bien vía aval o seguro, garantice el 100% del valor de la vivienda, y que este joven reciba de hipoteca el 95 y no el 80% que dan los bancos. El plan de La Rioja todavía no ha salido, solo el nacional, donde se apuntaron todas las líneas para financiar vivienda de protección oficial (VPO) privada. Es necesario un parque de vivienda público. Pero tiene que haber un control y debe analizarse cada año la situación personal y financiera de los personas. En los últimos 60 años se han hecho 14 millones de VPO y todos sabemos qué ha pasado. Al final se cogen en propiedad y se descalifican. 

Un informe del Consejo General del Poder Judicial ha puesto el foco en el control de precios de alquiler y la invasión de competencias de esta ley.

Una ley tiene que dar seguridad. Estamos un poco en el aire porque no se sabe muy bien en qué va a quedar, cómo va a quedar y cuál es la vivienda. Hay una clara invasión competencial autonómica. Lo que va a ocurrir es lo que pasó con la Ley del Suelo del 92, que luego llegó el Constitucional y la dejó temblando. Con la intervención de precios, lo que va a pasar es que el mercado del alquiler va a desaparecer. Tenemos ejemplos en Berlín o en Barcelona. En La Rioja no hay problema con los precios del alquiler. 

¿Cómo perjudica el intrusismo laboral a la construcción y cuáles son las herramientas para atajarlo?

Las administraciones tienen que pedir que el ejecutor de esa obra sea una empresa que está al corriente de pago de la Seguridad Social, de las nóminas, de los impuestos municipales y de Hacienda, que es lo que pide a cualquier empresa cuando hace una obra pública. Es fácil, pero hasta ahora ha sido imposible. No hay que olvidar que el sector de la construcción tiene 8.600 trabajadores y produce el 12% del PIB. Tiene el convenio con mejores prestaciones y condiciones de LaRioja y el único que tiene una Fundación Laboral de la Construcción, que es paritaria y damos formación.

¿Hay mucha piratería en las reformas de viviendas y obras menores?

La piratería es fácil. El que hace obras de forma ilegal está en el paro, gastando prestaciones sociales, no genera ninguna riqueza ni valor añadido y no paga ningún impuesto. Eso está en ese tipo de obras y llevamos años luchando. No hemos sido capaces alcanzar una solución.

¿Tiene el sector déficit de mano de obra cualificada?

Hay problemas para encontrar mano de obra cualificada. Ahora sería contar con unos 700 trabajadores adicionales. Creo que es debido a un tema cultural. Pero el sector de la construcción se ha modernizado, hay seguridad en las obras. Ahora parece que la tendencia está cambiando. Los cursos se están comenzando a llenar. Hay una cuestión importante y muy buena, están yendo mujeres, que antes no venían ni querían ir a la obra. Lo que necesitamos es gente formada, que sepa lo que tiene que hacer en una obra. Es un sector complejo. Antes existía la figura de aprendiz, pero ahora ningún menor de edad con un contrato en formación se puede subir a un andamio. Cómo enseñas a una persona a trabajar si no puede hacerlo. Con la crisis el sector perdió profesionales que ahora nos está costando recuperar. Pero está cambiando día a día. 

¿Es la temporalidad un problema en la construcción y en qué va a repercutir el nuevo contrato indefinido adscrito a obra que contempla la nueva reforma laboral? 

En el sector de la construcción no hay temporalidad desde el año 2006 y no va a haberla en el futuro. El 97% de los contratos en el sector de la construcción son ya indefinidos desde ese año. Fue en 2006 cuando se recogió en el convenio general de la construcción el contrato fijo de obra, diseñado específicamente para este sector, que permitía mover a un trabajador cuando se terminaba una obra a otra en marcha. Eso ahora ha cambiado y ha pasado a la reforma laboral que se llama contrato indefinido de construcción vinculado a la obra. Lo que se ha hecho ahora ha sido trasvasar el antiguo contrato fijo de obra al Estatuto de los Trabajadores. Se ha modificado un poco la operativa, pero las causas y forma de utilización es la misma.