A medio camino entre las principales dependencias de los poderes legislativo y ejecutivo, el viejo Palacio de Justicia de Logroño aguarda una nueva vida, una vez que sea reconvertido en oficinas del Estado y después de ceder hace cinco años el testigo de sede judicial al actual complejo de juzgados y demás órganos de la judicatura en Murrieta. 

Constituye uno de los edificios más importantes del primer ensanche de la ciudad, en el estratégico encuentro de las calles Bretón de los Herreros y María Zambrano, y se levantó sobre unas antiguas escuelas.

El derribo de los muros de Logroño, decretado en 1862, abría las puertas al crecimiento de la ciudad hacia el sur. Las primeras zonas en urbanizarse fueron las ocupadas por los muros decimonónicos, una de ellas la denominada Cortina de San Blas, renombrada en 1911 como calle Bretón de los Herreros. 

En el solar que hoy ocupa el antiguo Palacio de Justicia funcionaron hasta la década de los años 40 unas escuelas de niñas, que fueron demolidas en 1946 para dar paso a la sede judicial. Aquella reconversión no estuvo libre de polémica, pues muchas familias se beneficiaban de los servicios de las escuelas. 

La empresa constructora encargada de ejecutar el proyecto fue José Díaz y las obras se dilataron hasta 1952. La parcela fue vendida el 30 de enero de 1946, aunque los trabajos de construcción no comenzaron hasta final de año. La inauguración oficial llegó el 10 de marzo de 1952, con la presencia de González Gallarza, junto al ministro de Justicia y la bendición a cargo del obispo.

Su diseño se adecuaba al entorno de la esquina de las calles Víctor Pradera (actual María Zambrano) y Bretón de los Herreros, con un chaflán que servía de puerta principal. En su interior, el edificio contaba con un patio en torno al cual se distribuían las dependencias judiciales. 

Distintas sedes. La Audiencia Provincial, que existía desde 1833, había ocupado edificios como el actual Archivo Histórico, la casa de Espartero o el Portalón. El nuevo Palacio de Justicia cumplió su cometido, pero a mediados del pasado siglo requirió una ampliación, con la reforma del edificio colindante, lo que supuso mayor disponibilidad de espacio en el primigenio inmueble, cuya fisionomía no cambió.

En su interior, según describe Jerónimo Jiménez, había un sótano para los archivos de los juzgados y demás dependencias judiciales. En la primera planta estaban el Juzgado Municipal y el de Primera Instancia, y en los superiores, las salas de vistas y los despachos.

Tras 65 años de uso judicial, el palacio cerró sus puertas para trasladarse a su nueva ubicación en la calle Marqués de Murrieta. El último día que se abrió fue el 6 de febrero del año 2017. Desde entonces, el edificio está cerrado a la espera de nuevos usos. El pasado mes de mayo, la Delegación de Gobierno anunciaba la rehabilitación del edificio y la previsión de licitar obras en 2023 para reconvertirlo en oficinas de la Administración General del Estado. Una parte de la edificación se incorporará al Teatro Bretón para la ampliación de este espacio escénico.