El fiscal pide una pena global de 8 años y 6 meses de cárcel a una mujer, de nacionalidad rumana, acusada de ser la presunta autora de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual en Logroño, al abusar, presuntamente, de una compatriota a la que convenció a venir a España en 2014, a ejercer la prostitución para ganarse la vida, como ha informado Efe.

El juicio contra esta mujer, sin antecedentes penales, está señalado para este lunes, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Según detalla el fiscal, en su escrito de acusación, la acusada tenía relación familiar lejana con su compatriota, una joven que actualmente tiene 27 años, humilde, de nula instrucción, sin recursos personales, analfabeta, hija de una matrimonio campesino con siete hijos y con grandes dificultades económicas.

En este contexto, en 2014, la acusada acordó con los padres de la joven y con ella que la acompañaría a España para trabajar ambas en la prostitución, medio en el que podría ganar dinero.De esta manera, en ejecución de lo convenido, ambas se desplazaron a España en octubre de 2014. La acusada le pagó el viaje bajo el compromiso de que la joven le fuera devolviendo el dinero conforme fuera trabajando.Tras un tiempo en la localidad de Pancorbo (Burgos), ambas llegaron a Logroño y convinieron el ejercicio de la prostitución en un club de alterne de la ciudad.

Ella residía en un piso donde también vivía un hermano de la acusada y otros compatriotas. Al poco tiempo de la llegada, a partir de junio de 2015, la acusada comenzó a ejercer un férreo control sobre la víctima y, al dinero que tenía como crédito por haberle pagado el viaje, pronto sumó una actitud de control y sometimiento personal para aprovecharse de ella y del dinero que ganaba como prostituta.

Así, le confiscó la documentación personal con la excusa de guardársela y le exigía que le entregara la totalidad del dinero que ganaba.Cualquier gasto que tuviera la víctima, tenía que pedirle dinero a la acusada, quien, además, controlaba incluso cuando hablaba con sus padres por teléfono. La joven no podía salir del piso en el que vivía y, muchas veces, cuando acababa su jornada en el club, la acusada le iba a buscar. Incluso, llegó a censurarle que tuviera relaciones con un chico, riñéndole y llegando a pegarle.

En octubre de 2015, a través de la confidencia de un cliente, el dueño del club contactó con la Policía, con lo que se destapó la situación.

Toda esta situación era posible por las características y circunstancias personales de la víctima, quien, inicialmente aceptó venir a España a ejercer la prostitución, dada su vulnerabilidad y falta de recursos personales para afrontar la situación y pronto se vio sometida al control y presión de la acusada. Esta era consciente de la debilidad de su compatriota, a quien creó  una situación que de facto le impedía decidir, y le obligaba a seguir ejerciendo la prostitución en esas condiciones coactivas, dando el dinero a la acusada.

Los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual. Por el delito de trata, el fiscal pide 5 años y 6 meses de prisión, y por el de prostitución, 3 años y multa de 2.700 euros.