feli  agustín / logroño

El consejero riojano de Hacienda, Celso González, informará esta mañana de las alegaciones que ha introducido el Gobierno de esta comunidad a a la nueva propuesta de financiación autonómico que ha elaborado el Ministerio que dirige María Jesús Montero y que ha de sustituir a un modelo obsoleto, según la opinión general, y que data desde hace más de una década.

El documento que remitió el Ministerio de Hacienda a las comunidades hace ya más de un mes plantea un cambio sustancial, el cálculo de población ajustada que, según explica, es una de las variables esenciales del modelo de financiación y que «determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales».

González ya explicó a El Día de La Rioja que, con la nueva población ajustada, se introducen variables «correctivas», como la dispersión, la despoblación y los costes fijos que en conjunto están destinadas a favorecer la cohesión territorial. 

El consejero riojano entiende que el modelo de financiación debe garantizar que todos los ciudadanos reciben el mismo servicio «sea donde sea el lugar en el que se encuentren». Para contribuir a este fin, tenía previsto la introducción de un «suelo base» que implica destinar una porción del 1% del total del pastel a cada una de las comunidades autónomas; y el resto se distribuirá conforme a fórmulas de población ajustada.

A la espera de la decisión definitiva sobre un nuevo modelo, La Rioja sería una de las comunidades que saldría más beneficiada con el nuevo cálculo de la población ajustada. Así se apunta en el informe Sobre las propuestas del Gobierno para modificar el cálculo de la población ajustad, elaborado por Ángel de  la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que señala que con la actual estructura del sistema aquellas regiones cuya población ajustada aumente con la nueva metodología recibirán más recursos a través de  los fondos de garantía y competitividad, que canalizan entorno al 80% de las cuantías.

Según sus estimaciones, en  relación  con  el  sistema  actual, Aragón  y  Extremadura  aumentarían  sus  necesidades  de  gasto  en  más  de  7  puntos,  gracias fundamentalmente  a  las  correcciones  por  costes  fijos  por  segmentos  y  despoblación; Cantabria  y La  Rioja  ganarían  en  torno  a  cinco  puntos  por  la  corrección  por costes  fijos  por  tramos  y  Canarias  y Galicia  perderían  casi  tres  puntos  por  una  combinación  de  factores. 

En concreto, según los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la propuesta de Hacienda aumentaría «muy apreciablemente» las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7%) y reduciría las de Canarias (-3%) y Galicia (-2,7%). Además de estas dos comunidades, las otras regiones que verían reducidas sus necesidades de gasto con la nueva fórmula serían Comunidad Valenciana (-1,7%), Cataluña (-1,58%), Madrid (-1,05%) y Andalucía                               (-0,54%). Según Fedea, después de Extremadura y Aragón, la siguiente comunidad que obtiene un aumento de sus necesidades de gasto es La Rioja, (+5,41%), por delante de Cantabria (+4,51%), Murcia (+3,28%), Castilla-La Mancha (+3,14%), Asturias (+2,72%), Castilla y León (+2,54%) y Baleares (+2%).

En sus conclusiones, el experto señala que la  parte  más  discutible  de  la  propuesta  del  Ministerio de Hacienda  tiene  que  ver  con  la  introducción  de  dos  ajustes   que  abren  la  puerta  «a  una  cierta  arbitrariedad», que  siempre  ha  sido  «uno  de  los  grandes  vicios»  de nuestro  sistema  de  financiación  regional.  Se  trata del  «peculiar»  reparto  por  bloques  de  la partida  de  costes  fijos  que  se  propone  en  base  a  un  «confuso  e  innecesario»  ejercicio  de  análisis  de  clusters y  de  la  introducción  «con  calzador»  de  un  novedoso  indicador  de  despoblación  selectiva  diseñado expresamente  para  primar  a  determinadas  regiones.  

La Rioja ya es una comunidad beneficiada.

A expensas de las conclusiones del  nuevo modelo de financiación, con el actual sistema no sale mal parada. De hecho, según el informe La  liquidación  de  2019  del  sistema  de  financiación   de  las  comunidades  autónomas  de  régimen  común, elaborado por Ángel  de  la  Fuente, director de Fedea, la comunidad autónoma recibió 1.047 millones en 2019, -el último que ha hecho público el Ministerio de Hacienda-, lo que supone 3.211 euros por ciudadano, la segunda más elevada del país, solo por detrás de Cantabria, y 378 euros más que la media. En dicho ejercicio, el  volumen  total  de  la  financiación  definitiva  de  las  comunidades autónomas de  régimen  común registró un  aumento  del  4,56%  en relación  a  2018  debido  a  la  buena  evolución  de  los  ingresos  tributarios  autonómicos  y  estatales. En cabeza del ránking de financiación, tras Cantabria y La Rioja, se encuentran Baleares, con 3.127 euros-; a la cola figuran la Comunidad Valenciana, con 2.618 euros.