Después de varias semanas de amenazas, el Gobierno del Reino Unido confirmó ayer que aprobará «en las próximas semanas» leyes que, en la práctica, supondrán una ruptura unilateral del Protocolo de Irlanda del Norte incluido en el acuerdo del Brexit sellado en 2020. Una decisión que abre una nueva grieta con la UE, aunque desde Londres insisten en que se trabaja por una «solución negociada» de cara al futuro.
Según declaró la ministra británica de Exteriores, Lizz Truss, la «prioridad» del Ejecutivo de Boris Johnson es el cumplimiento de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, que ahora considera en riesgo. No en vano, el Partido Unionista Democrático (DUP) mantiene bloqueada la política norirlandesa hasta que no se introduzcan cambios en el tratado, que se firmó para evitar una frontera terrestre entre las dos Irlandas, pero que obliga a introducir controles en el tráfico de bienes con la isla de Gran Bretaña.
Truss adujo que el proyecto de ley que propone -una especie de protocolo alternativo- no quebrantaría la legislación internacional, debido a que su objetivo sería «proteger» esos pactos de paz, que actualmente, insistió, están «bajo presión» y que priman sobre el texto británico-comunitario. La ley, explicó, creará un corredor verde para que los bienes de Gran Bretaña destinados solo para consumo en Irlanda del Norte estén exentos de los controles aduaneros que han de aplicarse a los que pasan a Irlanda -corredor rojo-, que pertenece al mercado único europeo.
Este sistema, apoyado por una tecnología de acceso a datos de movimiento de productos a tiempo real, permitiría «reducir la carga sobre el comercio este-oeste y garantizar que el Úlster tiene los mismos beneficios que el de Gran Bretaña», apuntó la ministra.
Truss precisó que se conservarían las disposiciones del Protocolo que «funcionan», como «el área común de viaje y el mercado único de electricidad», pero se corregirían las que no: «El movimiento de mercancías y su regulación, el IVA, la gestión de los subsidios estatales y la gobernanza», en alusión a la jurisdicción del Tribunal de Justicia europeo. La ministra argumentó que ha decidido impulsar esta ley después de que desde Bruselas? le confirmaran en reuniones previas que «no tiene el mandato» para cambiar el Protocolo actual.
Mientras, Johnson mantuvo que la legislación planteada solo conlleva «eliminar una serie de barreras comerciales relativamente menores» y remarcó que es posible alcanzar un desenlace «pragmático» con la UE.
Por su lado, el líder del DUP, Jeffrey Donaldson, consideró que el proyecto anunciado «es un paso adelante» pero avisó de que no regresará al Gobierno norirlandés hasta que se garantice la integridad territorial del Reino Unido.