Las comunidades de propietarios con sistemas de calefacción central que no hayan individualizado los consumos de cada hogar tienen pocos meses para regular su situación. Y es que, los ciudadanos que deben adaptar el mecanismo para contabilizar de forma individual el consumo de energía térmica tendrán que tener todo listo a principios de 2023, salvo que cuenten con el beneplácito del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que les exonere de acometer esta actuación. 

En La Rioja son en torno a un millar las comunidades de vecinos que calientan sus hogares mediante un sistema centralizado y que deberán estar adaptadas al Real Decreto que regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.

Pero la norma también contempla que queden exentos los inmuebles que no puedan ejecutar esta obra por resultar técnicamente inviable o no ser rentable. Hasta la fecha, 231 comunidades de propietarios de la región que debían individualizar los consumos de calefacción han presentado la documentación con los presupuestos al servicio de Industria del Gobierno de LaRioja para acreditar que cumplen los preceptos del Real Decreto del Ministerio.

Se trata del 20 por ciento de todos los inmuebles, que ahora están a la espera de la resolución por parte del Ministerio, que es el órgano competente para determinar si, como justifican los propietarios, la instalación es inviable. Desde el Gobierno riojano no descartan que este porcentaje aumente, ya que esperan más solicitudes de aquí a final de año.

El secretario del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de La Rioja, Ignacio Román, se ha mostrado crítico con esta norma desde que nació, lo que ha llevado a acumular retrasos para que ahora, a las puertas de que venzan los plazos, acelerar todos los proyectos pendientes de ejecutar. «El Real Decreto de 2021 obligaba a hacer un informe de inspección con unas directrices que no estaban claras; se alargó al final el plazo para que las comunidades que no eran viables presentaran el informe a la Consejería para poder resultar exentas», recuerda Román, quien lamenta que la norma exponía unos criterios «vagos, antiguos y desactualizados». Es más, considera que «ahora mismo tendrían que cambiar todas las comunidades de propietarios si se volvieran a someter a la inspección para cumplir con los criterios del Real Decreto».

Pese a ello, el secretario del Colegio de Administradores de Fincas de LaRioja ha indicado que desde que ha terminado el verano son muchos los propietarios - especialmente el parque inmobiliario más antiguo- que han decidido adaptar sus sistemas de calefacción para regular el consumo de sus hogares, pese a no estar obligados, ante la deriva de la escalada del precio de la factura del gas y la previsión de un invierno más que aciago en este sentido con el fin de evitar que el gasto energético se coma el fondo de reserva u obligue a compensarlo en forma de derrama.

«El problema que hay ahora es que las empresas especializadas no dan abasto», indica Román. Una situación que está obligando a los administradores de fincas a tirar de ingenio y a recurrir a otros profesionales que les puedan realizar la instalación antes de que venzan los plazos. «De repente nos  encontramos con 200 comunidades de vecinos que quieren hacer ahora el cambio en la instalación y tenemos que buscarnos la vida para poder hacerlo», subraya.

gasto por piso. La solución para las comunidades de vecinos que tienen calefacción central pero que no pueden instalar contadores individualizados a la entrada de la vivienda pasa por poner en los radiadores unos dispositivos que miden su consumo. Se trata de unos repartidores de costes que, si se alquilan, cuestan cinco euros al mes. La actuación se completa con la colocación  de llaves termostáticas para regular la temperatura del radiador y de detentores, que son válvulas que se colocan en la parte inferior y regulan la salida del agua. 

En total, la inversión que asume cada propietario asciende a 60 euros por radiador, sin contar el alquiler del repartidor, que podría suponer unos 600 euros en una vivienda media. Un coste que se elevaría a 800 euros si hay que sustituir la bomba de la calefacción, que cuesta unos 2.500 euros.

«En realidad no ahorra nada en el consumo de calefacción, pero sí dejas de gastar, porque este sistema permite regular la temperatura y que habitaciones que pueden llegar a estar a 25 grados, bajen a 21», reconoce Román, quien estima entre un 15 y 20 por ciento la reducción del gasto que puede hacer un hogar en el consumo. 

Para este profesional,  lo que garantiza un mayor ahorro energético en un inmueble, superior al 30%, es aislarlo, mejorando su envolvente y evitando que la temperatura se disipe por el tejado. El único problema que conlleva es que hay que hacer una «obra monstruosa», que implica hacer un fuerte desembolso económico de entre 15.000 y 20.000 euros por piso, sin contar las ayudas públicas que pueden alcanzar el 80 por ciento de la obra. 

Para Javier Martínez, docente del Máster Universitario en Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el principal «hándicap» que tiene esta norma es el «económico», ya que la mayor parte de las actuaciones se tienen que realizar en inmuebles antiguos en los que mayoritariamente residen personas mayores o con rentas bajas. «El parque edificado que haya hecho los deberes, si descontamos las nuevas edificaciones, es de un 40% más o menos, es bajo», reconoce.

«No hay negociación posible porque el mercado está disparado»

Llega octubre, mes en el que muchas comunidades de vecinos tienen programado el encendido de las calderas de la calefacción.El temor a que la factura duplique o incluso pueda llegar a triplicar el coste es un sentimiento que se ha generalizado entre los propietarios, que se apresuran ahora a acordar actuaciones dirigidas a mitigar el impacto que supondrá en los bolsillos calentar sus hogares esta temporada.

Además de invertir en mejoras que permitan regular los consumos y la temperatura de cada casa, los propietarios delegan en los administradores de fincas la negociación de los contratos con las distribuidoras y cruzan los dedos para conseguir un precio competitivo. «No hay negociación posible porque el mercado está disparado», sostiene Román. Y es que, ahora se paga por el kilovatio de gas 14 céntimos de euro, un 300% más que hace poco más de un año, cuando estaba en 0,037 euros. 

Lamenta que los ciudadanos que tienen calefacción central no pueden contratar la tarifa regulada de último recurso (TUR), que se mantiene en 0,053 euros y «apenas ha subido», por lo que pide al Estado que permita a estos ciudadanos acogerse a esta cuota. «Es indignante que estos propietarios estén subvencionando esta tarifa», censura el secretario del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de La Rioja, al tiempo que recomienda a las personas que tengan calefacción individual que cambien a la TUR, al no haber permanencia y estar expuesta a menos fluctuaciones.

Los propietarios con calefacción central solo se beneficiarán de la bajada del IVA del gas del 21 al 5%. «Con una caldera central solo te puedes poner a rezar porque ahora no hay ofertas», reconoce Román, quien augura que los contratos que tiene renegociará a final de año se encarecerán el doble.