La sucesión de acontecimientos en torno a la "normalización" de la relación entre la comunidad autónoma de Cataluña y el Estado, lo que se ha denominado oficialmente como "la agenda del reencuentro", es meridianamente clara en los últimos años. Los separatistas, que habían intentado un golpe institucional demasiado voluntarioso y chusco pensando que España bajaría resignada los brazos ante su atropello, impulsaron al candidato de la moción de censura a la presidencia y dos años después le garantizaron la investidura, logrando a partir de entonces todos los resortes políticos y jurídicos que exigían para quedar limpios tras su condena por la intentona sediciosa de 2017. Todo comenzó por la recalificación de los delitos cometidos por el fiscal ("¿de quién depende?, pues ya está") y por el abogado del Estado, que pasaron milagrosamente como el propio Sánchez de ver clara la rebelión a considerar más oportuna la sedición. Ya cumpliendo sus condenas los líderes del proceso se les concedió el traslado a cárceles catalanas y comenzaron los beneficiosos permisos y las salidas del penal más o menos confesables. Luego vinieron los indultos que dejaban en libertad total a los condenados gracias a la aplicación de una prerrogativa gubernamental que data de los tiempos del Motín de Esquilache, una de esas normas que pese a ser antiguas no hay ahora que cuestionar. Lo siguiente fue la eliminación del delito de sedición por el que habían sido condenados, lo que dejaba la alfombra roja extendida para la vuelta a casa de los fugados. Y por si eso fuera poco, se redujeron las condenas por uno de los tipos más sonrojantes de la corrupción política, la malversación de dinero público, con la inenarrable explicación de que no es lo mismo llevárselo a bolsillos llenos que destinarlo a empresas más "presentables" como intentar separar a una parte del país del resto o comprar voluntades en forma de votos con los fondos destinados a los parados. Un relato tan demoledor como real.

Por eso han resonado tanto durante toda la semana las palabras del ministro de Presidencia cuando le preguntaron por la postrera petición de los separatistas condenados para que el mismo tribunal que los condenó haga una sentencia absolutoria que repare el daño moral que han sufrido. El gobierno simplemente lo ve lógico. Y lo es, viendo las cosas que se han hecho desde hace cuatro años. Seguro que el presidente y los ministros socialistas y de Podemos han calculado milimétricamente el impacto que tendrá en la opinión pública la próxima, y seguramente cercana, llegada a España de Carles Puigdemont en loor de multitud y convertido en un héroe. Va a ser la guinda del pastel.