En 2013, con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, se publicaba la Ley de la Cadena, que nacía con la vocación de «acabar con los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria». «El gran problema de los agricultores es la diferencia de precios entre origen y destino», decía el entonces responsable del Ministerio. La norma ya imponía hace diez años, por ejemplo, el establecimiento de contratos en operaciones de más de 2.500 euros, pero este requisito, como tantos otros, en la práctica quedó en papel mojado.
Una década más tarde, después de la reforma de la ley realizada hace poco más de un año, parece que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) comienza a hacer su trabajo en serio. Los infractores ya no se van -siempre- de rositas. Al menos eso es lo que evidencia el primer listado de empresas sancionadas por incumplirla (incluyes solo sanciones graves o muy graves), que ha complacido a las organizaciones agrarias y al sector en general. Aparecen 69 empresas (entre las que se encuentran Carrefour, DIA o la matriz de Lupa) y los principales elementos de sanción son el incumplimiento de los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos, elemento clave para la seguridad y transparencia de las operaciones en la cadena.
COAG ha mostrado su satisfacción por la publicación de este listado. «Las sanciones evidencian que sin Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva porque la cadena no se regula con buenas voluntades; la publicación de estas sanciones es un paso adelante en la aplicación de la ley, que confiamos en que redunde en la mejora de las relaciones en la cadena y en la protección del sector primario frente a los abusos que practican nuestros compradores», ha declarado Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. «Si bien hay grandes dificultades en la aplicación, porque hay muchas resistencias a cambiar formas tradicionales de funcionamiento muy perjudiciales para los productores, como por ejemplo el modo en el que se construye el precio en la cadena, comprobamos cómo esta ley es necesaria para avanzar en la regulación de la cadena y favorecer que los agricultores y ganaderos percibamos un precio digno por nuestro trabajo».
La Ley de la Cadena ya no es solo papel - Foto: PABLO LORENTE Pablo LorentePor su parte, UPA también ha valorado positivamente la publicación del listado, que contiene una novedad significativa: por primera vez figuran los nombres de las empresas sancionadas por prácticas comerciales desleales, una de las novedades que introdujo la reforma de la Ley de la Cadena aprobada en diciembre de 2021. La organización ha calificado de un «hito» la publicación de este documento. «Es una reivindicación por la que llevamos más de una década luchando, desde antes de la aprobación, en 2013, de la Ley de la Cadena», han asegurado desde la organización. Los agricultores y ganaderos consideran que la publicidad de las sanciones es un elemento fundamental para que la Ley funcione.
«Los consumidores y la sociedad deben conocer, con nombre y apellidos, quién está haciendo malas prácticas comerciales que perjudican a los agricultores y ganadero», ha señalado UPA. «La industria y la distribución saben ahora que cometer abusos tiene sanción y además ahora también supondrá un coste en la reputación de esas empresas y personas». Además son sanciones con penas mayores en caso de reincidencia, por lo que desde UPA esperan que estas prácticas comerciales abusivas «vayan desapareciendo».
El máximo responsable nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha admitido que, aunque la AICA realiza una labor positiva, hay que reforzar los mecanismos e incrementar los controles para evitar abusos en las relaciones comerciales. Sancionar con 3.000 euros a estas empresas «es muy poco dado el volumen y la facturación que tienen», ha añadido. «Hay que incrementar las sanciones».
La reforma.
La publicación de las sanciones por infracciones graves y muy graves ha sido una reclamación histórica de las organizaciones agrarias desde la publicación inicial de la Ley de Cadena en 2013. En febrero de 2020, y como consecuencia de las movilizaciones agrarias de ese invierno, se conquistó dicha demanda, entre otras cuestiones, gracias a la modificación de la ley realizada con el Real Decreto-ley 5/2020, que introdujo la obligatoriedad de llevar a cabo esa publicidad para las administraciones competentes. Posteriormente, con la Ley 16/2021 se reformaba la de 2013 y se consolidaba esta publicación, fijando el carácter trimestral de la misma.
COAG ha hecho hincapié además en que hacer públicas las sanciones firmes es un elemento clave para que las personas puedan tomar decisiones informadas en sus compras. «Con esta medida, cuando alguien vaya a adquirir un producto puede valorar, con una información pública, concreta y clara, qué operadores están llevando a cabo prácticas abusivas en perjuicio de otros agentes de la cadena de valor, dilatando los plazos de pago, evitando tener relaciones transparentes y justas con sus proveedores y, en definitiva, dañando la rentabilidad y sostenibilidad de los escalones más débiles de la cadena», ha señalado Andoni García.
COAG ha manifestado que es imperioso seguir trabajando en la aplicación de la ley porque los profesionales del sector están contra las cuerdas y el abandono de explotaciones del modelo social es continuo. En este sentido, y atendiendo al compromiso realizado por el ministro Planas en la reunión del Observatorio de Cadena del pasado 20 de febrero, la organización agraria ha reclamado una convocatoria urgente de este órgano para proceder a la aprobación y publicación actualizada de los estudios de cadena pendientes. Y también ha solicitado que el Observatorio trabaje en el desarrollo y publicación de índices de referencia de precios, una de sus funciones recogidas por la Ley 12/2013. Finalmente, COAG reclama la puesta en marcha de un Observatorio de costes y mercados de insumos que permita analizar los precios y estructura de los distintos costes de producción para el sector primario (piensos, fertilizantes, energía, mano de obra…) ahora que, según las declaraciones del Ministerio de Agricultura, están evolucionando a la baja y deberían repercutir en una bajada de costes para los productores.
Para UPA, las multas impuestas ponen de relieve la dificultad que tienen los agricultores y ganaderos a la hora de negociar el precio de lo que producen. En el mismo sentido que COAG, han reclamado a la Administración más información y transparencia de la cadena alimentaria. «Sólo sabiendo el coste de producción medio de los distintos eslabones seremos capaces de detectar si se está produciendo un abuso por alguna de las partes», concluyen.
Hay que recordar que las sanciones por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria suman ya 13,9 millones, el 62% para la distribución comercial minorista, según los últimos datos del informe de la AICA. El 19% del importe lo sumaron los operadores de la distribución mayorista, el 17,4% la industria alimentaria y el 0,6% los productores. Sólo en 2022, la AICA ha iniciado 172 expedientes y ha impuesto 272 sanciones al amparo de la norma, el 53% de ellas por el incumplimiento de los plazos de pago marcados. El resto de las sanciones de 2022 se deben a otros incumplimientos del marco legal, como la falta de contrato, la no inclusión del precio en el contrato o la destrucción de valor de la cadena alimentaria. La cuantía, en la mayor parte de los casos, se sitúa entre los 1.800 y los 3.000 euros, pero en algunos se llega a sobrepasar los 10.000.
Por sectores, 109 de las sanciones impuestas en 2022 se corresponden al de frutas y hortalizas, 68 al vitivinícola y ocho al lácteo. Este organismo recibió 23 denuncias por presuntos incumplimientos de la ley de la cadena y, también en este registro, el sector hortofrutícola aglutina el mayor número de denuncias (15), seguido del lácteo (3), el vitivinícola (2) y de los de aceite de oliva, aceituna de mesa y frutos secos, que contabilizan una cada uno.
La AICA, además, ha realizado 929 controles de oficio en 2022 que han abarcado 1.487 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria. Esta agencia ha investigado transacciones comerciales de frutas y hortalizas (29,4%), del sector cárnico (21%) -con especial dedicación en el sector avícola-, o del sector del vino, así como del de aceituna de mesa y el de frutos secos. Desde la entrada en vigor de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en diciembre de 2021, este organismo ha acometido un total 7.638 actuaciones, de las que 2.487 tenían como finalidad comprobar la existencia de contratos y 5.151 si se producían prácticas abusivas comerciales. A esto hay que sumar las actuaciones de las comunidades autónomas, que, de oficio, realizaron 549 inspecciones y controlaron 2.029 relaciones comerciales.
A juicio del ministro de Agricultura, Luis Planas, la Ley de la Cadena «funciona» y reforzará la seguridad para los productores primarios gracias al nuevo registro digital de contratos (que rebaja la cifra de negocio que requiere inscripción de 2.500 euros a 1.000), en el que el operador que compre a los productores o a sus agrupaciones deberá inscribir cada contrato y, si se producen, sus posteriores modificaciones. Planas ha añadido que esta norma es ambiciosa en la Unión Europea y supone «un claro ejemplo del ejercicio de transparencia sobre las relaciones comerciales».
Es conveniente recordar que la inscripción en el registro digital de contratos, operativo desde el 31 de enero, es voluntaria de momento, pero será obligatoria a partir del próximo 1 de julio antes de la entrega del producto objeto de contrato, según ha explicado igualmente el ministro. Y ha recordado que el registro es un repositorio de documentos de carácter digital y confidencial, que no tiene fines informativos ni estadísticos y cuyos datos no son objeto de explotación.