Si usted es un adulto que vive con menos de 613 euros al mes, o su familia está compuesta por dos adultos y dos niños y sus ingresos no superan los 1.165 euros, para la Administración está en riesgo de exclusión social. En otras palabras, es pobre.

Esos son los baremos oficiales para percibir el Ingreso Mínimo Vital, la ayuda del Gobierno de España para reducir la pobreza, especialmente la más extrema, y colaborar en la redistribución de la riqueza.
En La Rioja, al cierre de ayer, 31 de enero de 2023, eran 11.194 las personas que se beneficiaban de esta ayuda, 3.953 hogares en total, según datos de la estadística oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, facilitados por la Delegación del Gobierno en La Rioja.

A estas se suman, quienes perciben la Renta de Ciudadanía del Gobierno de La Rioja, incompatible con el subsidio estatal, pero que lo complementa. Al cierre de 2022, un total de 1.484 personas cobraban esta ayuda, destinada para aquellos que no disponen de rendimientos mensuales superiores al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), situado actualmente en 600 euros. Esta cuantía se puede incrementar en un 20% del IPREM por el primer miembro de la unidad familiar, 15% más por el segundo y 10% más por cada miembro adicional, hasta un máximo del 125%.

Para poder comparar datos equivalentes,10.829 percibían el IMV a final de 2022, lo cual significa que el 31 de diciembre un total de 12.313 personas percibian alguna de las dos principales ayudas de inserción social. Teniendo en cuenta los 319.892 habitantes que hay oficialmente en La Rioja según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 3,85% de los riojanos se encuentran cobrando prestaciones para paliar situaciones de pobreza. El perfil más recurrente de quienes solicitan estas ayudas es el de una mujer, en el 60% de los casos. Por edades, el tramo de entre 45 y 55 años es el más demandante.

A estas percepciones se pueden sumar otras con mayor alcance, como el cheque único de 200€euros para las unidades familiares con rentas de hasta 27.000 euros, destinado a compensar la subida de los precios de los alimentos, así como los complementos para hijos con menores a su cargo.

Burocracia poco efectiva.
Caridad Garijo, responsable de Acción Social de Cáritas en La Rioja, subraya que las familias recurren a este tipo de ayudas, al igual que a las entidades sociales, «en el último momento y por dignidad».Subraya que «solicitarlas es bastante fácil en comparación con lo dificultosa que suele ser la resolución».

Esta técnico asegura que existen muchas trabas por las que «innecesariamente» se recortan ayudas como, por ejemplo, «cualquier ingreso en cuenta por bajo que sea penaliza». Esto implica situaciones «absurdas» como conseguir un contrato de trabajo «por un par de días, que ayuda a paliar un poco la situación pero no saca a nadie de pobre». También se contabiliza como ingreso haber percibido la devolución del importe de una compra tras hacer una devolución, porque lo que se rastrea son los ingresos en la cuenta bancaria.

«Desde las organizaciones como Cáritas, también tenemos la labor de estimular al Estado para que cumpla todas sus obligaciones con las personas, marcadas en infinidad de leyes y la Constitución,que facilite el acceso a esas ayudas y cómo pueden conseguirlas las personas de forma ágil y sencilla, labor en la que organizaciones como Cáritas colaboramos», dice.

Reconoce que se ha dado la situación de que «alguna persona con este tipo de ayudas se ve obligada a rechazar trabajos para algunas horas o días, que realmente no le solucionan el apuro, porque se puede complicar que en meses siguientes puedan percibir ayudas.

El pensamiento de la mayoría de entidades, así como de los Servicios Sociales públicos, es el de «asesorar y acompañar a estas personas para que ellas mismas puedan acceder a todos los derechos que tienen y a las ayudas a las que pueden recurrir», indica Garijo.

Los trabajadores sociales, claves para percibir este tipo de ayudas.
Para poder recibir cualquier tipo de renta de inserción, ya sea el Ingreso Mínimo Vital o la Renta de Ciudadanía regional, resulta de gran utilidad consultar a los Servicios Sociales. Los profesionales de la Comunidad Autónoma, ayuntamientos y entidades sociales conocen las herramientas necesarias para poder facilitar asesoramiento.

Para optar a la ayuda autonómica es necesario llevar empadronado en La Rioja durante un mínimo de un año, de forma legal, tener más de 23 años, haber solicitado los cobros que puedan corresponderle previamente (como pensiones o ayudas por desempleo), no tener recursos para cubrir las necesidades básicas y no residir en residencias. Hasta junio de este año, los perceptores de la Renta de Ciudadanía del Gobierno de La Rioja tienen un 15% extra, otorgado con motivo del incremento de los precios por la guerra de Ucrania.

En la ayuda estatal también es necesario ser mayor de 23 años (o de 18 si hay menores a cargo) con residencia legal en España, llevar más de un año viviendo como unidad de convivencia, haber solicitado todas la prestaciones posibles previamente, ser demandante de empleo y no percibir prestaciones sociales, sanitarias o sociosanitarias.

No es posible percibir ambas a la vez. Para solicitarlas existen unos baremos de ingresos prestablecidos por unidad solicitante.