La actualidad económica de las últimas semanas de 2021 se ha caracterizado por una especial intensidad de las negociaciones políticas  para aprobar tres reformas que constituyen no solo un objetivo marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez sino también una exigencia de la Unión Europea para liberar los fondos de recuperación.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer  la reforma de las pensiones que se aplicará en España a partir del 1 de enero y que sacó adelante el Ejecutivo y los sindicatos sin el consenso con la patronal, la reforma laboral que se ha sellado esta misma semana entre el Ejecutivo y los agentes sociales y tiene plena vigencia desde hoy mismo y, finalmente, la reforma del empleo interino de los trabajadores de la Administración pública.

En este contexto, la reforma de pensiones recupera el IPC como referencia para revalorizar las nóminas de los jubilados y supone el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor nunca.

Con esta norma, se modifica el texto de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación.

La ley fija que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas y del 3% para las mínimas y no contributivas. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la norma dispone que la cuantía de estas prestaciones quedará inalterada.

Respecto a la reforma laboral, el Real Decreto-ley entra hoy en vigor tras al haberse retrasado un día su publicación en el BOE. No obstante, la nueva regulación de contratos da entre tres y seis meses de plazo para que las empresas puedan adaptarse al nuevo marco de contratación. El último Consejo de Ministros aprobó esta norma con el objetivo de poner coto a la temporalidad, devolver el equilibrio a la negociación colectiva e incorporar a la legislación ordinaria los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que sustituirán a los utilizados en pandemia, pero con el mismo objetivo: evitar despidos.

Finalmente, la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público también entra hoy en vigor. La norma, que recibió luz verde definitiva en el Senado hace una semana, reservará concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años.

El objetivo de la iniciativa es reducir la temporalidad del conjunto de las Administraciones por debajo del 8%, una ratio que a día de hoy sí cumple la Administración General del Estado, pero no otros ámbitos territoriales.

Se trata de un compromiso que adquirió el Gobierno con la UE a través de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación.