La abogacía riojana reclama que la vuelta al trabajo de los letrados tras dos meses de huelga no merme «la calidad de la defensa de los afectados». Así lo indicó ayer el decano del Colegio de Abogacía de La Rioja, Federico Bravo, en declaraciones a El Día, tras anunciarse la desconvocatoria «inminente» de la huelga nacional de letrados, después de que tres cuartas partes del colectivo aceptara la propuesta del Ministerio de Justicia de un aumento salarial de entre 430 y 450 euros por letrado y nómina.

Bravo subrayó que «no se puede pretender que los jueces que, probablemente sí hayan podido estar trabajando en resoluciones judiciales que no se han notificado, las notifiquen todas ahora». 
Si esto se produjera, el aluvión de notificaciones que exigen algún tipo de respuesta por parte de los abogados en defensa de los intereses de sus clientes «no habrá manera de asumirlo y la calidad de la defensa podría verse afectada».

El máximo representante de los abogados de la región, apuntó que son «conscientes de que todos tenemos que poner de nuestra parte para volver a la normalidad pero pedimos medidas efectivas para que esto se haga de forma progresiva, ordenada y cuanto antes, poniendo los medios adecuados sin que los ciudadanos resulten afectados». Resulta evidente que «se le tiene que dar curso a todo lo que durante dos meses ha estado paralizado».

Bravo subrayó que «desde el inicio respetamos el derecho de huelga», apremiando la resolución entre las partes «lo antes posible, por la afectación enorme a los ciudadanos; a los despachos dedicados al derecho procesal, con su actividad reducida a mínimos, y al ya colapsado sistema judicial».