El secretario-interventor del Ayuntamiento de Cenicero ha vuelto, al igual que el año pasado, a realizar un informe de fiscalización sobre la gestión presupuestaria municipal del pasado ejercicio que, cuanto menos, pone en entredicho la actuación del equipo de Gobierno, dirigido por el socialista, Marcos Jiménez, al que acusa, entre otras irregularidades, de autorizar gastos excesivos sin un soporte presupuestario que los sustente y sin lograr el aval posterior del pleno para el pago a acreedores y proveedores de estos servicios y productos.
En el documento, fechado el 20 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, resalta el uso «abusivo» de una figura legal denominada reconocimiento extrajudicial de crédito (REC), que ha utilizado en seis ocasiones, por un importe total de 189.906 euros, de las que cinco no fueron aprobado por el pleno municipal celebrado el pasado 12 de enero; y una sexta está pendiente de llevarse a plenario.
Este instrumento se utiliza habitualmente para aplicar al presupuesto obligaciones derivadas de compromisos de gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos, tramitando así el pago de prestaciones a terceros, cuya aplicación por parte del equipo de Gobierno de Cenicero es «a todas luces una demostración de nulidades de pleno derecho exageradísima» no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo al no existir soporte presupuestario.
Todo ello, según indica el interventor citando la doctrina actualmente vigente del Tribunal de Cuentas, no exime de responsabilidades de todo tipo, «incluso penales», a los órganos de gestión que autorizaron tales gastos excesivos.
Es más, añade que al estar pendiente de su aprobación por parte del Ayuntamiento implica el impago de sus importes a proveedores y contratistas acreedores, a quienes, en virtud de la prohibición de enriquecimiento ilícito reconocido jurisprudencialmente [obtener beneficios, en este caso el Ayuntamiento, a costa de otro, aquí sus deudores], el Consistorio deberá abonar de la deuda, incluyendo los intereses de demora.
Por este «abuso», reitera el interventor de los REC, es necesario actualizar el resultado presupuestario del año 2022, que pasaría de un teórico 284.682 euros al real de 94.775 al no haberse aprobado los REC;con ello el remanente de tesorería al cierre del ejercicio ha sido de 6.109 euros.
La deuda. Mención aparte, recoge el informe del funcionario, merece la deuda. Distingue la de largo plazo, que se atiende «puntualmente» trimestralmente en cuanto a intereses y amortizaciones;y la de corto plazo. En este caso había dos cuentas, una con 100.000 euros con Caja Rural de Navarra y otras de 200.000 con Caixabank, que se canceló en enero para volver a suscribirla de nuevo con la caja navarra, de tal manera que la deuda a corto plazo es de 300.000 euros. Constata el aumento de los intereses desde el pasado otoño y estima que a lo largo de este año se situará en torno al 4%, lo que implicará una notable subida de la carga financiera.Señala, además, que estas cuentas no se pueden cancelar este ejercicio «siendo totalmente obligatoria la refinanciación» mediante una operación a largo plazo.
El relato del secretario reconoce que el periodo medio de pago a proveedores se llevó bien la primera parte del ejercicio, tendencia que se truncó «bruscamente» después y destaca que sigue pendiente de pago porque no hay facturas de los servicios de redacción de cuatro proyectos técnicos que se formalizaron verbalmente de manera «absolutamente ilegal» en 2021 y que puede ascender a 50.000 euros. Esta actuación ya fue denunciada el año pasado por la intervención, como él mismo recuerda.
Señala que los déficits transitorios de tesorería han obligado a aplazar el pago del canon de saneamiento al Gobierno, a quien han solicitado anticipos del IBI. Menciona otras cuestiones, como la subida «astronómica» de 83.00 euros del coste del alumbrado público, que la empresa Sitelec exige al Ayuntamiento, al que reitera la exigencia de una planificación adecuada para proceder a una contratación conjunta de prestaciones habituales para favorecer su adjudicación. El documento apunta también que se le ha «informa reiteradamente» de que concluye el curso que viene la gestión de la guardería, que ahora realiza el Ayuntamiento y que pasará a gestión del Gobierno, lo que obliga a subrogar al personal o, de lo contrario, indemnizarlo. Con todos estos acontecimientos, destaca que la situación económica del Ayuntamiento se agravó en 2022, si bien la solvencia del mismo «está fuera de toda duda». Ahora bien, hay que adoptar medidas de carácter estructural, como bajar gastos y proyectar a largo plazo la deuda para pagar los REC. «Ello va a ocasionar de nuevo tensiones de tesorería a lo largo de 2023», concluye.