Durante 2021 se tramitaron en La Rioja un total de 1.561 ejecutorias, de las que un alto porcentaje se concentraron en el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad, en sustitución de penas de cárcel, ha indicado a EFE el director general de Justicia e Interior del Gobierno riojano, Jorge Medel.
Estas cifras se desprenden de las sentencias dictadas en los tres Juzgados de lo Penal de La Rioja, donde se juzgan los delitos de hasta 5 años de prisión, que, según ha precisado Medel, son prácticamente el 90 por ciento de los que se cometen en la comunidad riojana.
Los servicios comunitarios o trabajos en beneficio de la comunidad suponen una pena o una medida alternativa al cumplimiento de una condena que conlleve el ingreso en prisión, siempre que el penado esté de acuerdo y que el delito no sea grave.
Dado que La Rioja no tiene competencias en materia de Instituciones Penitenciarias, esta alternativa a la cárcel está regulada desde el Ministerio del Interior, ha puntualizado.
Sin embargo, el Gobierno riojano colabora con el servicio de gestión de penas y medidas alternativas para organizar estas prestaciones o trabajos, ha agregado, cuya finalidad es orientar la pena a su finalidad constitucional de la "reeducación y reinserción social".
"Muchas veces", ha explicado Medel, "tiene una finalidad más social que una persona pueda trabajar especialmente en sectores que puedan estar afectados por su propio delito, como temas de seguridad vial, sanitarios, colaborar en la limpieza de pintadas y comprobar los efectos que provocan el consumo de drogas".
La ejecución de este tipo de penas, al igual que las medidas que se imponen a los menores infractores, se vieron muy afectadas durante la pandemia, ha constatado.
Así, muchos convenios y acuerdos que existían para que estas personas pudieran cumplir estas penas decayeron debido a las restricciones sanitarias.
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Por ello, ha abogado por "recuperar esa normalidad" y que haya más puestos de trabajo y actividades, además de que más entidades colaboren en este tipo de prestaciones, que es "muy positivo" para la reinserción del condenado, "mucho más que el cumplimiento de una pena de cárcel".
En La Rioja, el Centro Asesor de la Mujer de la Consejería de Servicios Sociales cuenta con un programa de intervención con hombres con problemas de violencia machista, para que "tomen conciencia de su masculinidad mal entendida", ha detallado Medel.
En el caso de los menores infractores, cumplen diversas prestaciones en la entidad municipal Logroño Deporte, donde realizan tareas que les permiten "adquirir disciplina y adoptar hábitos de trabajo, que son importantes para su reeducación".
Por otro lado, ha agregado, los condenados por delitos contra la seguridad vial con resultado grave suelen realizar visitas al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, para que "sean conscientes y vean las consecuencias directas de su hecho punible".
En el caso de personas con problemas de drogadicción, colaboran entidades sociales como Proyecto Hombre y la Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas (ARAD), que están habituadas a trabajar con "colectivos vulnerables".
El director general de Justicia e Interior ha afirmado que las adicciones a sustancias suelen derivar conductas delictivas, por lo que ha abogado por habilitar más recursos públicos para incidir en la prevención.
Además, ha agregado que el Gobierno riojano trabaja para intentar incrementar los recursos disponibles para infractores que tienen una enfermedad mental, para los que no es muy conveniente el ingreso en prisión.
Medel ha insistido en el componente reeducativo de este tipo de penas, ya que "pagar una multa para alguien que tenga dinero o el ingreso en la cárcel no es la mejor solución para conseguir la reinserción" de un delincuente