La negociación para aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) arrancó ayer con las posturas enfrentadas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsora de esta medida, ya sabe que mientras los sindicatos son partidarios que la cuantía se sitúe este año cerca de los 1.000 euros brutos, la patronal no ve con buenos ojos un incremento, al considerar que otro nuevo alza puede desencadenar una contracción importante del empleo porque son muchas las empresas que no han conseguido superar la crisis, sobre todo las de menor tamaño. El Ejecutivo, que tiene el objetivo de que el SMI alcance el 60 por ciento del salario medio antes de que concluya la legislatura, tal y como se contempla en la Carta Social Europea, tiene la intención de negociar con los agentes sociales, pero también sabe, como ya sucedió en la anterior subida, que no necesita el beneplácito de la patronal para aprobar la revisión y que con el respaldo de los representantes de los trabajadores es más que suficiente, aunque la decisión pueda ser unilateral. 

Con la resaca de la aprobación de la reforma laboral muy reciente, todavía permanece en el imaginario colectivo la surrealista votación por la que se convalidó y el clamoroso error de un diputado del PP que decantó la balanza, Díaz quiere dar más pasos y tiene como una de sus prioridades seguir subiendo el SMI, actualmente en los 965 euros, y que la medida, además, tenga carácter retroactivo con fecha 1 de enero. La ministra desea, una vez más, el mayor consenso posible, pero es evidente que la patronal no va a dar su brazo a torcer en un momento de incertidumbre, con un repunte de los costes de producción y una inflación disparada que, lejos de amortiguar sus repuntes, parece seguir la misma tendencia con la que cerró el pasado ejercicio. 

La comisión asesora para el análisis del salario mínimo plantea tres escenarios para plasmar la subida en este 2022. La mejora podría ir de los 24 euros más al mes, fijarse en 31 euros o llegar hasta un máximo de 40. Nadie duda de que este ascenso, que afecta a dos millones de trabajadores, se va a producir, esa es la intención del Ejecutivo, y la cuestión ahora está en saber la cuantía exacta -parece que Díaz se decanta por los 31- y si se va a atender a las alarmas de una patronal que no se cansa de avisar que otro repunte del SMI supone en estos momentos una pérdida de competitividad, procesos concursales, despidos y cierres masivos. Los salarios deben ser dignos, adecuarse a la realidad, pero hay que tener muy en cuenta en qué circunstancias estos incrementos se llevan a cabo.