Conscientes del desafío que para La Rioja supone superar las consecuencias socioeconómicas causadas por el coronavirus, los cuatro grupos políticos presentes en el Parlamento -PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos (UP)- han alejado de sus discursos el ruido y la furia y han apostado porque el dictamen de la Comisión extraordinaria de estudio para la recuperación económica y social tras la crisis de la Covid-19 se suscriba con el mayor consenso posible. «Para llegar a un acuerdo todo el mundo tiene que hacer renuncias», constató el diputado popular y exconsejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, que coincide en este análisis con el resto de portavoces de los otros tres grupos. El desarrollo de la jornada de este lunes dio muestras de este talante, en la que se suspendió la sesión en varias ocasiones para permitir a los disputados pactar los puntos de convergencia antes de ser votados en la comisión, lo que ha dilatado el dictamen, que se vota este martes.
«Existe un ánimo común para sentar las bases de la recuperación económica y social y llegar a acuerdo que converjan en un pacto lo más amplio posible», señaló el portavoz socialista Raúl Díaz, subrayando la opinión del diputado popular, que apuntó que había que «arremangarse», estudiar las alrededor de mil propuestas que habían introducido los grupos -muchas de ellas, eso sí, coincidentes-, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que pueda suscribirse por unanimidad, lo que dotaría de «claridad» a las conclusiones de la comisión, en la que han participado numerosos expertos. «La intención de todos los grupos es que salga un documento que sea lo más compacto posible, que tenga medidas muy concretas», aportó Alberto Reyes, de Ciudadanos, el mismo deseo de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, situada en las antípodas ideológicas de Cs.
servicios públicos. A falta de conocer los pormenores del dictamen, hay varios aspectos en los que, según adelantaron, todos los grupos están de acuerdo.
El fortalecimiento de los servicios públicos de sanidad, servicios sociales y educación están en el ánimo de todos los grupos, aunque mantiene discrepancias, según reconocieron, en el papel que en ellos deben jugar las empresas privadas y los conciertos. El fomento de Atención Primaria, «como puerta al sistema», del servicio de Urgencias, y un contacto más estrecho entre sanidad y servicios sociales es uno de los aspectos que contemplará el dictamen de la comisión. En este punto, el portavoz socialista señaló que se velará por la protección de los trabajadores de ambos servicios, a los que se dotará de una reserva estratégica de material sanitario y de Equipos de Protección Individual (EPI).
Educación tampoco queda al margen, con el acuerdo de que se flexibilice el pago de las tasas universitarias para estudiantes en una situación económica comprometida, o prioriza la salud en la vuelta a las aulas. No obstante, el diputado de Cs, que afirmó que su grupo ha sido lo «más propositivo posible», señaló profundas diferencias respecto a la enseñanza concertada.
La financiación de estas medidas y de dónde ha de provenir la cuantía se antojaba como el principal punto de fricción, aunque desde el PPno descartaban acuerdos en bloque. Henar Moreno, que espera un acuerdo útil, que sea sometido a evaluación continua para comprobar su eficacia, reiteró su defensa de la exclusiva gestión pública, mientas Díaz se pregunta cómo los partidos de la oposición van a fortalecer los servicios públicos con la bajada de impuestos. «Queremos una fiscalidad progresiva , más justa y equitativa», afirmó.