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La Rioja, como España, carece de puntos de carga de eléctricos

Europa Press
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Un estudio de la Fundación Ecología y Desarrollo y el Observatorio de Sostenibilidad determinan que ni la Comunidad Autónoma ni el país están preparados para el relevo de los motores de combustión por los eléctricos

Un vehículo eléctrico en su proceso de carga en una imagen de archivo. - Foto: Óscar Solorzano

La Fundación Ecología y Desarrollo -ECODES- y el Observatorio de Sostenibilidad han presentado el informe 'Puntos de recarga para la movilidad eléctrica en España. Diagnóstico de situación y propuestas para una movilidad sostenible que garantice la vertebración territorial y la cohesión social'.

Se trata de un estudio que analiza la capacidad y despliegue de la actual red de recarga de vehículos eléctricos en la red de carreteras de España, con el objetivo de valorar si permite el despegue del vehículo eléctrico como alternativa al motor de combustión y proponer recomendaciones para que las infraestructuras de recarga vertebren la España vacía.

En el caso de La Rioja, la conclusión principal es clara: a pesar de haber 60 puntos de carga y 113 conectores, ninguno es de alta potencia. Un dato alarmante para el impulso de la movilidad eléctrica, pues la potencia fija el tiempo que un vehículo debe permanecer estacionado mientras se carga la batería.

Si se atiende al despliegue de esta tecnología por el territorio, el resultado es muy desigual: los núcleos urbanos y las carreteras principales, con un total de 28 y 18 puntos de carga respectivamente y 63 y 30 conectores, concentran la infraestructura de recarga. En las áreas rurales solo es posible encontrar 14 puntos de carga y 20 conectores.

Todo ello genera una situación de alarmante desequilibrio territorial que, junto con el precio, lastra la electrificación del parque de vehículos y la movilidad sostenible.

La descarbonización del transporte por carretera es fundamental para reducir las emisiones del país ya que son las que más han aumentado y las que más deben disminuir. Ello pasa por la electrificación de este sector. Europa, epicentro de las negociaciones sobre la nueva regulación de emisiones de CO2 para coches y furgonetas, presenta dos velocidades, y España está en la lenta.

En efecto, el país apuesta por convertirse en hub europeo de la electromovilidad; sin embargo, está a la cola respecto al despliegue de puntos de recarga a pesar de presentar un incremento continuado en el ritmo de ventas de vehículos eléctricos (aunque esto incluya a híbridos e híbridos enchufables).

"El despliegue masivo de la red de puntos de recarga es vital para la implantación de la movilidad eléctrica de manera rápida, eficaz y eficiente. Y esta se debe extender por igual en la España urbana y en la rural. El Gobierno tiene la obligación de garantizar que la financiación pública sea destinada a que este despliegue llegue a todos los rincones del país, especialmente los marginados por las leyes del mercado. Cualquier persona ha de tener un punto de recarga accesible. No se puede dejar a nadie atrás", explica Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de ECODES.

UN DESEQUILIBRIO QUE SE REPITE EN TODO EL ESTADO ESPAÑOL

Este estudio pone sobre la mesa la situación que existe fuera de los núcleos urbanos. Por ello se centra en la red de carreteras nacionales (generales, autovías y autopistas), con la vista puesta a cumplir con el estándar europeo del objetivo de disponer, al menos, de un punto de carga cada 60 Km. Se detecta que, actualmente, menos del 5% de la red principal cumple este objetivo.

Además, el análisis toma en consideración las diferentes potencias, un factor determinante puesto que fija el tiempo que un vehículo debe permanecer estacionado mientras se carga la batería. En este sentido, destaca el hecho de que sólo el 2% de los conectores actuales en funcionamiento tienen una potencia superior o igual a 150 kW, estando el 5% en la red principal y tan solo un 0,7% en las áreas rurales.

Tal y como pasa en La Rioja, la actual distribución de puntos de carga se concentra al máximo en las áreas urbanas, condicionado por estrategias comerciales de oferta y demanda, allí donde más población y tráfico hay. Es aquí donde la intervención de las administraciones públicas es básica. Las grandes y medianas áreas urbanas tienen en su territorio casi 7 de cada 10 puntos de carga en la España peninsular.

Garantizar la vertebración territorial y la cohesión social deben ser criterios clave a la hora de atender el despliegue de infraestructura de recarga necesario para que la movilidad eléctrica despegue con seguridad y garantías entre la población, esté donde esté. Y es que este análisis también observa que los tramos más largos sin disponibilidad de carga se sitúan preferentemente en las áreas más interiores, quedando la franja costera mediterránea y del atlántico sur mucho mejor cubierta.

Raúl Estévez, responsable de Big Data y Sistemas de Información Geográfica del Observatorio de Sostenibilidad, estima que "es imprescindible este despliegue de la red de movilidad eléctrica por todo el territorio para dinamizar la economía y contribuir a fijar la población en amplias zonas del territorio". Por otra parte, añade que "la España vaciada es la que está produciendo masivamente la energía renovable y soportando sus importantes impactos sobre biodiversidad y paisaje, y sus ciudadanos, que en muchas ocasiones deben de hacer largos desplazamientos continuos, deben de ser los primeros beneficiados en cuanto a accesibilidad y precio por esta electrificación del transporte".

No desarrollar esta distribución de puntos de carga en todo el territorio condenaría a la España interior o medio rural a seguir apostando por el uso de vehículos de combustión interna. Actualmente, además de en La Rioja, tampoco se encuentran conectores de alta potencia en Galicia, Cantabria y Navarra. Y a estas comunidades se suman hasta 9 provincias: Castellón, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Palencia, Segovia, Soria y Teruel.

"Es decir, en el 28% de la superficie de la España peninsular no hay ni un solo punto de carga público de alta potencia. Algo que carece de toda lógica en un momento en el que la seguridad e independencia energética es la prioridad absoluta de Europa desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y es que el impulso a las renovables y el desarrollo infraestructura de recarga tienen un nexo común: el territorio", indican desde la organización.

Ante esta realidad, "la respuesta es clara: la apuesta pública y privada deben complementarse, ya que sólo desde esa perspectiva la vertebración territorial y la cohesión social quedarán garantizadas a la hora de extender la movilidad eléctrica por todo el país".

Es por eso que, ante las cuantiosas inversiones previstas en el marco del Plan de Recuperación y Transformación, ECODES y el Observatorio de Sostenibilidad presentan 12 recomendaciones fruto de los resultados de este estudio con las que esperan contribuir para terminar con otra demoledora cifra actual: un punto de carga cada 349 Km2 en la España rural frente a cada 4,11 Km2 en las áreas urbanas.

Entre estas, destaca la necesidad de hibridar las instalaciones de energías renovables en el territorio con los nuevos puntos de recarga, ya que al estar estas instalaciones mayoritariamente en la España rural deberían tener precios muy ventajosos para los habitantes de los territorios y también para los usuarios de determinadas rutas que se consideren prioritarias para las administraciones.

Asimismo, se propone promover ayudas y beneficios fiscales a particulares y empresas para que apuesten por la implementación de puntos de recarga, o que tanto gobierno como compañías energéticas establezcan medidas concretas que eliminen el efecto barrera para la implantación de la movilidad eléctrica en general y los puntos de recarga en particular derivado de los altos precios de la electricidad.