La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en el verdadero think tank del Partido Popular, en la elaboradora de las estrategias que el partido desarrolla sobre todos los asuntos en los que puede perjudicar la acción del Gobierno o sus expectativas electorales. De seguir así se entiende perfectamente que los votantes y militantes populares prefieran su liderazgo al de Pablo Casado que no hace sino seguidismo de sus iniciativas. Aunque, como aún quedan dudas sobre si todas las propuestas que hace son de cosecha propia o vienen mediatizadas por su consejero áulico, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), quizá fuera este quien debiera presentarse a presidir el PP de Madrid y luego a competir con Casado.
La cuestión es que el PP se ha puesto al servicio de Díaz Ayuso al seguirla en el recurso ante la justicia por el reparto de los fondos europeos entre las comunidades autónomas de una partida de nueve millones de euros relacionada con un decreto del Ministerio de Trabajo, porque considera que se ha realizado de manera arbitraria. El PP ha dado el visto bueno para que la senda abierta por la Comunidad de Madrid, la sigan otras regiones y ayuntamientos, sin que antes se le hubiera ocurrido a la dirección nacional del PP emprender esa vía.
Más allá de que la partida afectada represente el 0,08% de los fondos repartidos a la comunidades autónomas, el recurso a la justicia es un paso más en la estrategia que ha desarrollado el PP con respecto a los fondos europeos, con sus continuas advertencias a Europa sobre el mal uso que haría el Gobierno de esos fondos y su distribución arbitraria y clientelar, sin reconocer que la Comisión Europea ha avalado las propuestas y la rapidez de las reformas realizadas por el Ejecutivo para la consecución de los fondos. El PP sabe que una buena parte de la estrategia del Gobierno pasa por aprovechar los recursos llegados de la Unión Europea para modernizar el sistema productivo y que su éxito puede ser una causa que entorpezca su llegada a La Moncloa, por lo que no duda en hacer lo que nadie propone en el resto de los países, poner palos en las ruedas para su despliegue. Es decir, Pablo Casado lleva meses haciendo lo que dice que hace el ministro de Consumo, Alberto Garzón, perjudicar a España con sus advertencias a la Comisión Europea, aunque sin ningún éxito, por el momento.
Si Díaz Ayuso utilizó el lema "libertad o comunismo" para ganar las elecciones autonómicas del pasado 4-M, Pablo Casado ha innovado proponiendo "Más ganadería, menos comunismo" como el leit motiv inicial de la campaña para la de Castilla y León, a la espera de conseguir el mismo efecto. Y lo ha puesto en circulación en medio de una dehesa avileña donde pastaban vacas de una explotación de ganadería extensiva, precisamente las que ha defendido Alberto Garzón como sinónimo de calidad de la carne nacional. Lo lógico es que hubiera ido a una explotación de ganadería intensiva que producen más amoniaco del debido, por lo que sanciona a España la Unión Europea.
Si Pablo Casado no espabila, van a llevar razón quienes prefieren a Ayuso (y a MAR) para dirigir el partido, porque la tregua sobre la presidencia del PP de Madrid ya ha dado síntomas de acabarse.