El imparable envejecimiento de la población española, que se acerca de manera inexorable al invierno demográfico, afecta de manera singular a los territorios de la España vacía, entre ellos a La Rioja, donde el porcentaje de población mayor de 65 años supera el 21,2%, con un crecimiento de casi tres puntos -desde el 18,4%- en una década.
Esta amenaza demográfica tiene su reflejo en un mercado laboral cada vez más envejecido, con profesiones y negocios que no encuentran relevo y una cuenta cada vez más elevada de las pensiones, una factura para la que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, busca herramientas, de momento sin éxito, para aliviar.
Así las cosas, hay en nuestro país 34 provincias con menos de dos afiliados por pensión, una situación especialmente dramática en Orense, donde hay más jubilados que cotizantes. De esta dinámica no escapa La Rioja, que cerró el mes de noviembre con un número medio de afiliados de 134.100, que han de financiar 71.828 pensiones; esto es hay menos de dos cotizantes por pensionista, en concreto 1,86.
Las cosas ha mejorado en una década, ya que 2012 cerró con 65.290 pensionistas y 115.565 cotizantes, un ratio de 1,77,gracias al récord de cotizantes que ha alcanzado este año la Seguridad Social en La Rioja, a tono con lo sucedido en nuestro país. Si España ha superado los 20,3 millones de cotizantes, esta comunidad ha rozado en septiembre los 136.000, también la cifra más alta de la historia, que no sirve para aliviar el reto de las pensiones, que, igualmente, han anotado en noviembre los datos más elevados desde que hay registros. Así las cosas, el sistema de pensiones se encuentra en un laberinto de difícil salida, que amenaza con poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Sostenibilidad. Al respecto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Rioja Fernando Antoñanzas matiza que es necesario concretar la definición de sostenibilidad. «El sistema de pensiones será sostenible siempre y cuando se vayan aportando fondos para pagar a los pensionistas de otras partidas que no son la Seguridad Social, como está ocurriendo en un 10% de los gastos», señala este experto, que informa que pueden provenir del impuesto de hidrocarburos, de las personas físicas o el IVA, «y compensa lo que no se recauda a través de las cotizaciones de empresas y trabajadores».
Así pues, añade, el sistema será sostenible siempre y cuando se obligue por ley a cubrir lo que no se obtiene con la recaudación de las cuotas de empresarios y trabajadores, aunque el problema se presentará cuando el trasvase de fondos de los presupuestos generales del estado a la Seguridad Social alcance cuotas muy elevadas y limite el uso de esas partidas económicas para otros fines, como educación, justicia o infraestructuras.
El experto también explica que hay otra manera de compensar la carencia de fondos de la Seguridad Social, financiándose en los mercados «mientras acepten la deuda pública española», que es necesario emitir. Los presupuestos del Estado parten este año con un déficit «considerable, del 4 o le 5%», que supondrá una deuda que superará los 60.000 millones. Explica que, de la misma manera, supondría un riesgo que los tipos de interés de la deuda crezcan de manera importante y coloquen en unos niveles «asfixiantes» a las arcas públicas y los ciudadanos.
Soluciones. Reconoce la complejidad para encontrar soluciones de equilibrio y propone aplicar varias medidas en la misma dirección con el objetivo de que las personas jubiladas tengan una vida «digna», un concepto que entiende que hay que consensuar . «Hay jubilaciones que cuestan al año cerca de 40.000 euros y otras que suponen 8.000», argumenta el economista, que apunta que los derechos de la cotización aportada tienen mucho peso «y condicionan la cuantía de la pensión», un aspecto que plantea, «igual hay que revisar». Esta política ya se está practicando, con el mayor incremento de las pensiones mínimas que las máximas, aunque entiende «habrá que realizar con mayor intensidad».
De la misma manera, entiende que habrá que replantear la revalorización automática de las pensiones según el incremento del IPC, que este año va a suponer 14.000 millones de euros, «nada más que para cubrir el aumento».Sugiere también que comiencen a cotizar algunos ámbitos laborales que en este momento están exentos como las horas extras o los días de guardia del personal de la administración pública. «No hay una única solución», apunta el catedrático de Economía Aplicada, que no elude que habrá que considerar el aumento del tiempo de cotización, particularmente en algunas profesiones donde sus trabajadores están en mejor situación laboral.