Las comunidades de régimen común -todas, excepto Navarra y País Vasco- estudian pormenorizadamente el documento enviado el pasado 3 de diciembre por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,  para iniciar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, que  ha de sustituir al actual, que se remonta a hace más de una década.

La propuesta del Ministerio, a la que las comunidades autónomas pueden introducir 'enmiendas' hasta finales de enero, plantea un cambio sustancial, el cálculo de población ajustada que, según explica el departamento de Hacienda, es una de las variables esenciales del modelo de financiación y que «determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales» De hecho, entiende que es  «la variable más representativa de las necesidades de gasto», y argumenta que para su aplicación en la actualidad es posible apostar por un cálculo de población ajustada «más realista, sofisticado y con mayor estratificación» que en 2009.

El consejero riojano de Hacienda,  Celso González, coincide con los barones regionales en la necesidad de contar con un nuevo modelo de financiación que sustituya al actual y cuya formulación, a tenor de las manifestaciones de los diferentes responsables territoriales, se ha quedado obsoleta. 

El guardián de las arcas públicas riojanas afirma que analizan «con detenimiento» el informe  remitido por la ministra de Hacienda, de 240 páginas, al que ya anuncia que introducirá alegaciones

González explica que, con la nueva población ajustada,  se introducen variables «correctivas», como la dispersión, la despoblación y los costes fijos que en conjunto están destinadas a favorecer la cohesión territorial. «Estamos en la línea de la declaración que hicimos en Santiago», afirma el consejero sobre un acuerdo que propugna que el nuevo modelo de financiación debe garantizar que todos los ciudadanos reciben el mismo servicio «sea donde sea el lugar en el que se encuentre».

Al respecto, destaca la relevancia de la dispersión geográfica, un aspecto que afecta de manera sustancial a La Rioja. «No es lo mismo  un núcleo donde se concentra la población que otro donde viven escasos habitantes», apunta González, que subraya la necesidad de tener en cuenta las edades de los moradores de cada municipio.

En este sentido, reflexiona que en los municipios de mayor concentración de habitantes se pueden aplicar los principios que rigen la economía de escala, algo inconcebible en los escasamente poblados. «No es lo mismo que un médico atienda a 100 personas en una población que al mismo número de personas en distintos pueblos», ejemplifica el consejero de Hacienda, que recuerda que de los 174 municipios que se contabilizan en La Rioja, 78 tienen menos de 100 habitantes.

«Ahí no podemos aplicar la economía de escala, lo que no debe ser un inconveniente para que sus vecinos reciban los mismos servicios que en los municipios más poblados», reitera.

Suelo base. Para garantizar que este objetivo se cumpla, el Gobierno propondrá la introducción de un «suelo base» que implica destinar una porción del 1% del total del pastel a cada una de las comunidades autónomas;el resto se distribuirá conforme a fórmulas de población ajustada.

«Pero este 1% permitiría a aquellas comunidades pequeñas, como Cantabria, Asturias o La Rioja, con importante dispersión geográfica puedan ofrecer el servicio público mínimo a todos sus ciudadanos»,  defiende el consejero, que señala que el  Gobierno de España establece como una de las variables correctivas costes fijos, en función de la población existente  y la dispersión geográfica.

Pero el Ejecutivo riojano «quiere ir un poquito más allá» y establecer que esos costes fijos se complementen para las comunidades autónomas  afectadas por una notable dispersión geográfica al establecer «un suelo del 1%» en todos los territorios.

«El resto ya sí se podría aplicar en función de la población», añade González, que recuerda que el actual sistema se articula en función del número de habitantes. «Si hay que repartir 100 y se hace conforme a la cifra de ciudadanos hay comunidades que salen más beneficiadas,  como Valencia o Andalucía, mientras que La Rioja estaría peor financiada» al no tenerse en cuenta factores como la dispersión, despoblación o la edad.

Con la propuesta delMinisterio,  La Rioja saldría «un poquito mejor financiada que en la actualidad» porque se incluyen esas variables correctivas, aunque no sería suficiente para lo que considera esencial, esto es, que los servicios se dispensen  con la misma calidad independientemente de donde se encuentre el ciudadano.

Sin haber realizado aún un cálculo exacto de lo que supondría la introducción del suelo base del 1%, entiende que revertiría en «un incremento importante sobre lo que percibimos en la actualidad», de tal manera que se cubrirían los servicios mínimos con solvencia.

El consejero confía en tener el apoyo de las comunidades pequeñas, como Asturias o Cantabria y, aunque ve más dificultades en contar con el respaldo de otras comunidades, argumenta que «no perjudica» a ningún territorio porque el reparto lineal beneficiaría por igual a todos. «A partir de ahí, se aplicarían las singularidades de las comunidades autónomas», con la previsión de que salgan más favorecidas las que cuentan con mayores concentraciones de población.

Sea como sea, González insiste en que buscará un consenso para que todas las comunidades alcancen posiciones aceptables «para todas y cada una de ellas».

'Los ocho de Santiago'.

La Rioja introducirá alegaciones a la propuesta del Ministerio de Hacienda siguiendo las directrices que acordaron ocho comunidades autónomas, de distinto signo político pero con problemas comunes, en la reunión mantenida en Santiago el pasado 23 de noviembre. De ese encuentro, en el que tomaron parte los presidentes de

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias, salió una declaración institucional conjunta en la que defienden que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios que se prestan, así como otras variables demográficas, como la superficie, la dispersión de la población o el envejecimiento, que sirvan para poner freno al problema de la despoblación. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, resumió la postura de los participantes al reclamar que «todas las personas deben recibir los mismos servicios, vivan donde vivan».

«La cuestión demográfica es la principal hipoteca de España», resumió el gallego Núñez Feijóo.