La sanidad pública riojana comenzará a practicar interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) en el próximo mes de febrero. Se trata de un hito histórico ya que tradicionalmente, las mujeres de la Comunidad que decidían abortar no tenían otro remedio que hacerlo en otras comunidades autónomas ante la imposibilidad de hacerlo aquí, ya que la práctica totalidad de profesionales de ginecología decidían acogerse a su derecho de objeción de conciencia para no practicar abortos.
En 2022, 272 riojanas decidieron interrumpir voluntariamente su embarazo el año pasado, son seis menos que en 2021. Y todas ellas tuvieron que hacerlo fuera de La Rioja, en concreto, en clínicas ubicadas en Zaragoza y en Pamplona. Todas ellas pudieron hacerlo gracias a la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como Ley de Plazos ya que combina supuestos y plazos y permite el aborto de la mujer dependiendo de la semana de gestación.
Al ser un derecho contemplado en dicha ley, la Consejería de Salud debe asumir el coste de las intervenciones y del desplazamiento de las mujeres así como el de sus acompañantes. Dicho coste se elevó en 2022 a 108.165 euros. Con la reforma de la Ley del Aborto que se aprobó el Gobierno de España remitió a las Cortes Generales el pasado mes de agosto, la Sanidad Pública debe garantizar a las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo en la red pública que será la de referencia y en un centro lo más cercano posible a su domicilio además de que las mujeres contarán con la incapacitación temporal mientras dure su recuperación.
«Podemos decir que en un plazo de dos o tres semanas, garantizaremos que todos los casos de interrupción voluntaria de embarazo puedan realizarse dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja», aseguró a este El Día de La Rioja la consejera de Salud, María Somalo, «y esto será incluso antes de la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Aborto que va a obligar a todas las comunidades autónomas a hacerlo».
Somalo adelantó que «estamos ultimando todos los detalles para llevar a la práctica el cumplimiento de la norma, con los profesionales riojanos y también con sanitarios de fuera de la región».
Por otra parte, la consejería de Salud seguirá garantizando que se puedan seguir interrumpiendo embarazos en los centros privados de otras regiones que servían de referencia a la Rioja si las mujeres así lo desean.
El principal escollo para que las riojanas pudieran interrumpir su embarazo en su comunidad y sin tener que trasladarse a otras, ha estado en la ausencia de profesionales sanitarios dispuestos a practicar dichas intervenciones. La totalidad de los ginecólogos riojanos se acogen a su derecho de objeción de conciencia para no practicar interrupciones de embarazo. Una situación difícil de sortear a la hora de aplicar la nueva reforma de la ley con todas las garantías.
El pasado mes de septiembre, la diputada de Izquierda Unidad, Henar Moreno, con quien el Gobierno de La Rioja cuenta para sacar adelante las cuentas autonómicas y otras leyes, aseguró que La Rioja contrataría a ginecólogos que sí estuviera dispuesto a practicar aborto. En este sentido, la consejera de Salud, María Somalo asegura que «todavía no se ha contratado a ningún profesional. Llevamos tiempo trabajando con los ginecólogos riojanos para concienciar y sensibilizarles de que es esperable que esa objeción de conciencia que consideramos institucional, se vaya reduciendo. Para determinadas intervenciones sí que contaremos con profesionales riojanos y para otras, es posible que tengamos que contar con profesionales de fuera. De hecho, ya tenemos habilitada la fórmula para que éstos médicos puedan trasladarse a los hospitales riojanos».