La acusada de explotación sexual ha aceptado este lunes la condena de18 meses de prisión por este delito y, por el de determinación a la prostitución, 6 meses de prisión y una multa de 6 euros al día durante 6 meses más una indemnización a la víctima de 9.000 euros, a cambio de la que no entrará en la cárcel.

La Audiencia Provincial de Logroño ha acogido este lunes el juicio contra esta mujer, de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales, acusada de abusar de una compatriota a la que convenció para ir a España en 2014 a ejercer la prostitución, informa Efe.

El juez ha informado a la acusada de que tanto el fiscal como la letrada de la víctima han acordado una modificación de la pena inicial de la Fiscalía, que consistía en 5 años y 6 meses de prisión por el delito de trata y, por el de prostitución, 3 años de cárcel y una multa de 2.700 euros.

La modificación ha sido aceptada por la acusada, a quien se ha informado de que se suspenden las penas de prisión al no tener antecedentes penales y a condición de que pague la multa, indemnice a la víctima en 9.000 euros por daños morales y no cometa ningún delito en un plazo de cinco años.

Según detalla el fiscal en su escrito inicial de acusación, la acusada tenía relación familiar lejana con su compatriota, una joven que en la actualidad tiene 27 años, humilde, de nula instrucción, sin recursos personales, analfabeta, hija de una matrimonio campesino con siete hijos y con grandes dificultades económicas.

En este contexto, en 2014, la acusada acordó con los padres de la joven y con ella que la acompañaría a España para trabajar ambas en la prostitución, medio en el que podría ganar dinero; y la acusada le pagó el viaje bajo el compromiso de que la joven le fuera devolviendo el dinero conforme fuera trabajando.

Tras un tiempo en la localidad de Pancorbo (Burgos), ambas llegaron a Logroño y convinieron el ejercicio de la prostitución en un club de alterne de la ciudad, de tal forma que la víctima residía en un piso donde también vivía un hermano de la acusada y otros compatriotas.

A partir de junio de 2015, la acusada comenzó a ejercer un férreo control sobre la víctima y, al dinero que tenía como crédito por haberle pagado el viaje, pronto sumó una actitud de control y sometimiento personal para aprovecharse de ella y del dinero que ganaba como prostituta.

Así, le confiscó la documentación personal con la excusa de guardársela, le exigía que le entregara la totalidad del dinero que ganaba y, además, la joven no podía salir del piso en el que vivía y, muchas veces, cuando acababa su jornada en el club, la acusada le iba a buscar.

En un determinado momento, la acusada llegó a censurarle que tuviera relaciones con un chico rumano, riñéndole y llegando a pegarle, y, en octubre de 2015, a través de la confidencia de un cliente, el dueño del club contactó con la Policía, a raíz de lo que se destapó la situación.